El Congreso local de Tabasco, estado del que es oriundo el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobó en sesión extraordinaria la llamada "Ley Garrote", que establece una pena de hasta 20 años de cárcel para quienes extorsionen y bloqueen empresas públicas y privadas.
Con 24 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones, el congreso del estado avaló la reforma al código penal del estado a fin de endurecer las penas a quienes impidan la ejecución de obras públicas o realicen bloqueos en las calles.
La iniciativa, enviada por el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, fue aprobada en medio de una gran polémica que incluso provocó que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se saliera de la sala.
"Esto fue una burla al pueblo, por quedar bien los asesores de la comisión de seguridad enredaron todo el dictamen, ni siquiera fue el gobernador", dijo el coordinador de la fracción del PRI, Gerald Washington Herrera, quien agregó: "No sé qué va a pasar con este Congreso, todo es un desmadre aquí".
La aprobación de la "Ley Garrote" se hizo luego de la modificación al artículo 38 bis del dictamen, donde se precisó que la sanción de 13 años de prisión sería para quienes intenten "extorsionar" a las empresas a través de los bloqueos.
Amnistía Internacional (AI) consideró que la libertad de expresión y los derechos humanos se "ponen en riesgo" con la ley aprobada el estado de Tabasco, pues termina por castigar con prisión a quienes se manifiesten en las calles.
La organización expuso en un comunicado que la llamada "Ley Garrote" afecta a "la libertad de expresión y de reunión en el país" y que podría "ser un paso previo a la criminalización de la defensa de los derechos humanos".
La propuesta, que castigará con entre 10 y 20 años de cárcel a quienes se manifiesten con marchas o bloqueos en las carreteras o impidan la realización de obras públicas, es, a los ojos de la organización, "una reforma que criminalizaría las manifestaciones públicas".
"La iniciativa legislativa propuesta en Tabasco permitiría al Gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse a ellos", destacó en el boletín Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
Agregó que "esto es una clara violación a la libertad de expresión en México", dado que además, "se criminalizaría a las personas que quisieran ejercer su derecho a la asamblea pacífica".
Amnistía Internacional consideró que este tipo de ley ha sido usado en México para inhibir indebidamente las manifestaciones y para criminalizar a personas defensoras de los derechos humanos. Detalló además que, desde 2016, el gobierno federal ha usado ese tipo de disposiciones para criminalizar a manifestantes pacíficos que se opusieron a una obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, en el estado de Puebla.
Actualmente, la CFE está usando dicha acusación penal para intentar forzar a la comunidad a aceptar la obra pública.
Por otro lado, la organización apuntó que el pasado viernes 26 de julio estudiantes y otras personas que se manifestaron en el estado de Jalisco contra un anunciado aumento al costo del transporte público reportaron la intervención excesiva de las autoridades, incluyendo abuso de la fuerza por parte de agentes de policía.
"Varios manifestantes fueron golpeados en circunstancias en las que no parecían representar un riesgo para ninguna persona y la reunión fue dispersada sin una clara justificación", denunció AI.
Lee: Las "mañaneras" de López Obrador: el espectáculo del presidente de México
"Estas acciones muestran la fragilidad del ejercicio de los derechos humanos en México y la falta de voluntad política de los gobiernos para garantizar que las personas puedan expresarse con libertad en contra de proyectos o políticas impulsadas por las autoridades", dijo por su parte Tania Reneaum, directora ejecutiva de la organización en México.
El periodista y escritor mexicano Julio Astillero también ha emitido en Twitter sus críticas entorno a la ley aprobada este lunes.
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