La Fiscalía General del Estado de Guerrero y el Fondo de Población de las Naciones Unidas firmaron un convenio de colaboración para reducir el rezago de identificación de más de 3 mil 500 cuerpos o restos humanos que permanecen sin nombre en los servicios médicos forenses de la entidad. El acuerdo se formalizó el 8 de julio en Chilpancingo tras una reunión de casi cuatro horas con representantes de 16 colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Con la firma, Guerrero se convirtió en la tercera fiscalía del país en formalizar una alianza con el UNFPA para fortalecer la identificación humana. La meta fijada es identificar al menos 400 restos en lo que resta de 2026 y liquidar el rezago total en 2027.
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El micrositio, primer paso concreto
El convenio incluyó la presentación de un micrositio de identificación humana alojado en la página de la Fiscalía. La plataforma arrancó con las fichas de 50 personas ya identificadas mediante el cotejo de sus huellas dactilares con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE), y se actualizará de forma continua para que los familiares puedan reconocer a sus seres queridos y reclamarlos.
El coordinador del Programa de Identificación Humana del UNFPA, Maximilian Murck, precisó que los datos de esas 50 personas se cargaron el mismo día de la firma. Subrayó que todas ellas “deberían regresar a casa con sus familias que los buscan”.
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Qué implica el convenio punto por punto
El acuerdo establece un conjunto de acciones concretas en materia forense y de búsqueda. Las principales son:
- Incorporación al esquema de colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) para el procesamiento de muestras genéticas.
- Refuerzo del intercambio de información con el INE para el cotejo de huellas dactilares.
- Uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo en los procesos de identificación humana.
- Jornadas de atención a familiares y toma de muestras biológicas.
- Operativos regionales de búsqueda.
- Mesas de revisión de carpetas de investigación.
- Mecanismos de denuncia inmediata.
- Herramientas de geolocalización para responder con mayor rapidez ante el reporte de una desaparición.
El programa cuenta con el respaldo financiero de los gobiernos de Alemania, Noruega y Canadá.
La postura de los colectivos: reservas y exigencias
Los colectivos recibieron el proyecto con escepticismo. Gema Antúnez Flores, del colectivo María Herrera, lo calificó de “buenas promesas” y advirtió que el sistema de cotejo de huellas dactilares no resolverá los casos de larga data.
“La mayoría de los que andamos en los colectivos somos de larga data, es decir, de 10 años hacia atrás; mi hijo, Juan Sebastián García Antúnez, tiene 15 años desaparecido", declaró. El grupo le pidió al fiscal una mayor contratación de especialistas en identificación forense y criminalistas para atender precisamente esos expedientes antiguos.
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Diana Rufino Tapia, del colectivo Hasta Encontrarlos, señaló que la mesa de trabajo que se realizó el 8 de julio llevaba tres meses siendo cancelada. Afirmó que los colectivos tuvieron que viajar hasta Tabasco para exponer la situación ante el gobierno federal y forzar una respuesta.
Rufino Tapia también cuestionó la eficacia del cotejo dactilar como método único: “No tenemos la esperanza de que nada más con la huella dactilar se identifiquen los cuerpos, porque en Guerrero se han localizado más osamentas que cuerpos”. Agregó que los restos del período entre 2007 y 2015 no cuentan con toma genética, lo que los excluye del alcance inmediato del programa.
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La reunión con la gobernadora y el reclamo por la violencia
Los colectivos tienen programada una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para el 15 de julio. En ese encuentro le pedirán que ponga en funcionamiento el Centro de Resguardo Forense de Acapulco, donde podrían procesarse los cuerpos sin toma genética del período antes mencionado.
Rufino Tapia también cuestionó el discurso oficial sobre la seguridad en el estado. “Ella dice que la violencia está a la baja y ayer mataron al de una ferretería de Iguala; no me explico cómo se dice que la violencia va a la baja, si los hechos dicen otra cosa”, señaló.
El fiscal Torres Ojeda evitó precisar durante la conferencia de prensa cuántos cuerpos o restos permanecen sin identificar. El dato de más de 3 mil 500 proviene de los propios colectivos de búsqueda.
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