Acabar con la venta de medicamentos ilegales, la lucha que el gobierno mexicano quiere ganar con mano dura

El senador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, propuso una iniciativa que podría evitar pérdidas anuales de USD 150 millones e implementar condenas de hasta 30 años para quienes sean encontrados culpables de falsificar, contaminar o alterar productos farmacéuticos en México.

La propuesta de endurecer las penas por producción ilegal y robo de fármacos es un nuevo intento por reprimir el incesante mercado negro de productos farmacéuticos en un país que de por sí, en su administración anterior -comandada por Enrique Peña Nieto- tenía marcadas preferencias por un selecto grupo de distribuidores.

La iniciativa de Monreal consiste en que quien sea declarado culpable de falsificar, contaminar o alterar productos farmacéuticos podría enfrentar penas de hasta 30 años de prisión y multas por 11 millones de pesos mexicanos (unos USD 573.000).

Monreal Ávila explicó que la ilegalidad afecta a la industria farmacéutica y al Estado mexicano, y este último debe destinar una cantidad importante de recursos, tanto para atender a quienes sufren algún daño por ingerir productos falsos o caducados, como para combatir el delito, además de que la compra-venta de fármacos en la clandestinidad repercute seriamente en la recaudación de impuestos.

Con el endurecimiento de las sanciones legales contra los implicados en el mercado negro farmacéutico, Monreal espera mitigar una epidemia clandestina que está afectando la salud pública de los mexicanos y su economía global.

Según la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIF), el 60 por ciento de los medicamentos comercializados en el país son robados, están caducos, falsificados o se producen sin los requerimientos mínimos de calidad.

De acuerdo con InSight Crime, México tiene el sexto mayor mercado del mundo en fármacos clandestinos, lo que equivale a cerca de ocho millones de consumidores y produce pérdidas anuales estimadas en USD 150 millones en todo el territorio nacional.

Jalisco, Michoacán, Puebla, Ciudad de México y Nuevo León, son los cinco estados en los que un ciudadano tiene más probabilidades de encontrar medicamentos robados o de fabricación ilegal.

Las autoridades de salud mexicanas han tenido dificultades para contener la falsificación, el robo y la venta de fármacos ilegales.  InSight Crime inidicó que por años, las estrategias para contener esta economía ilegal se han centrado en decomisos e identificación de sitios web dedicados a la venta de medicamentos ilegales y que tan solo entre 2011 y 2017, las autoridades federales incautaron 537 toneladas de fármacos, incluyendo una carga récord de 166 toneladas en Zapopán, Jalisco, en noviembre de 2013.

Además, la Comisión Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha bloqueado más de 8.500 páginas web que comercializaban medicinas clandestinas.