A tres meses de su gestión el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha adjudicado de manera directa 74.3 por ciento de los contratos registrados en Compranet, informó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En un comunicado, la organización señaló que de 28,458 contratos subidos a la plataforma, solo en el 18.3 por ciento se utilizó la licitación pública y en el 7 % la "invitación restringida".
"En los 116 días que lleva este Gobierno se ha configurado un patrón recurrente de ejercicio de los recursos públicos a través de adjudicaciones directas o de invitación restringida que va en contra del espíritu de la Constitución y sus principios", indicó el organismo.
Ejemplo de esas adjudicaciones, señaló, son los contratos de los estudios para el Tren Maya por un total de 90.8 millones de pesos; la adquisición de 671 pipas para el abasto de gasolina por 1,765 millones de pesos o siete contratos de Pemex de "invitación restringida" por 44,000 millones de pesos.
"Los estudios internacionales señalan que una de las principales herramientas para cerrar las ventanas de oportunidad de corrupción gubernamental es la adopción del método de licitaciones abiertas y transparentes", resaltó MCCI.
Con EPN también: 7 de cada 10 contratos fueron adjudicados de manera directa
Durante la administración de Enrique Peña Nieto 7 de cada 10 contratos firmados con los 1000 principales proveedores del Gobierno se asignaron mediante adjudicación directa.
Cifras que también dio a conocer IMCO y que elaboró con el Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas", en el que se analizó 700,000 procedimientos de contratación.
Los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31% de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de 2012 a 2016.
"El que 71% de los contratos sea por adjudicación directa me dice que todas las dependencias abusan del término excepción y lo usan ya como una regla", indicó Max Kaiser, director de Anticorrupción en el IMCO.
Las tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia, transparencia y la existencia de anomalías diversas.
Estos factores, de acuerdo con la metodología implementada por el IMCO, permiten determinar el nivel de riesgo, debido a que la corrupción es propicia cuando no hay competencia ni transparencia.
"Aquí no estamos probando que hubo corrupción, lo que estamos probando es que se contrató con altos niveles de riesgo: con poca competencia, con poca transparencia y con muchas anomalías", señaló Kaiser.
Las cinco entidades que gastan con mayores riesgos de corrupción son la CFE, el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la SCT.
Le siguen Prospera, Liconsa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría del Medio Ambiente.
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