
Casi uno de cada dos europeos vive cerca del mar. Esa proximidad, que durante siglos fue una ventaja económica y cultural, plantea hoy preguntas concretas sobre el futuro de las zonas costeras.
Un nuevo informe advierte que las pérdidas derivadas de la erosión costera ya superan los 1.000 millones de euros (USD 1.119 millones) al año en 28 países del continente, y que esa cifra podría escalar hasta 800.000 millones de euros anuales (USD 895.000 millones) antes de que termine el siglo si no se adoptan medidas de adaptación.
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El documento, citado por Euronews y publicado por el Consejo de Europa, no propone una retirada inmediata ni generalizada. En cambio, plantea que dicho continente debe empezar a planificar con anticipación cómo gestionar las zonas costeras más vulnerables, combinando mapas de riesgo actualizados, zonas de construcción reguladas y planes de reubicación progresiva donde las soluciones tradicionales ya no resulten suficientes.
Las defensas costeras tradicionales se vuelven insuficientes ante la suba del mar

Durante décadas, la respuesta habitual ante la erosión fue construir muros marítimos y reforzar las orillas. Ese enfoque enfrenta hoy un problema de escala: el nivel del mar sube más rápido que antes. Según Anthony Buchanan, coautor del informe del Consejo de Europa, la tasa de ascenso se duplicó en los últimos años y puede sumar otros 44 centímetros hacia 2100, incluso en escenarios de bajas emisiones.
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A ese ritmo, las tormentas también se intensifican. Las marejadas extremas podrían producirse entre 20 y 30 veces más seguido para mediados de siglo, lo que vuelve cada vez más costoso mantener las defensas existentes sin replantear la planificación territorial.
El caso de Venecia ilustra la escala del problema. Con una suba de apenas 0,5 metros sobre el nivel actual, los expertos estiman que harían falta diques adicionales con un costo de hasta 4.500 millones de euros (USD 5.034 millones), sin que eso represente una solución permanente. Un superdique que proteja la ciudad ante subidas de hasta 10 metros podría superar los 30.000 millones de euros (USD 33.561 millones) de inversión inicial.
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El informe propone planificar la reubicación como una política de largo plazo

El Consejo de Europa introduce en su informe el concepto de “retirada planificada”: prohibir o limitar nuevas construcciones en zonas de alto riesgo y trasladar de forma gradual viviendas, negocios e infraestructuras hacia el interior. El documento lo presenta como una decisión económicamente racional frente a los costos que implicaría no actuar.
Un ejemplo concreto viene de Francia, donde alrededor de 900 kilómetros de costa continental registran retroceso activo y más de 500 municipios están afectados. En Quiberville-sur-Mer, localidad de la región de Normandía, la reubicación de un camping municipal —que históricamente representaba alrededor del 40% de los ingresos directos e indirectos del municipio— requirió una inversión de aproximadamente 9 millones de euros (USD 10,07 millones).
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El propio informe reconoce que trasladar un camping es muy distinto a reubicar pueblos enteros o estructuras patrimoniales. Aun así, sostiene que en ciertos casos la reubicación puede ser la única salida viable cuando otras alternativas ya no ofrecen protección real.
El documento también pide que cualquier proceso de planificación incluya consultas transparentes con las comunidades afectadas y respaldo político sostenido.
El 40% del PIB europeo proviene de regiones que el mar presiona cada vez más

La dimensión económica es central en el análisis del Consejo de Europa. El 40% del Producto Interior Bruto (PIB) del continente proviene de regiones costeras, y el 80% de las costas de baja elevación está en riesgo de sufrir erosión en el futuro.
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Fanis Spanos, político griego y coautor del informe, sostuvo que “las costas de Europa son algunos de nuestros activos más valiosos”, ya que “alojan grandes infraestructuras, sostienen una actividad económica vital y son centros de patrimonio cultural y natural”. Señaló además que la ocupación continua de zonas de alto riesgo pone en peligro los medios de vida de miles de personas.
El informe concluye que una planificación anticipada permitiría reducir de forma significativa las pérdidas futuras, y que Europa aún dispone de tiempo para actuar antes de que los daños se acumulen de manera irreversible, según el Consejo.
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