La flora y la fauna de Argentina son cosa seria desde hace ya un tiempo. No solo representa parte del ecosistema natural de estas tierras, sino que son el reservorio vivo de un mundo que necesita conservar las especies en medio del cambio climático. Ahora, en el marco de la causa sobre la caza ilegal de un ejemplar de yaguareté (Panthera onca) en la provincia de Formosa, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de apelación presentado por la Administración de Parques Nacionales (APN) y ordenó sustituir la caución juratoria impuesta al imputado por una caución real, cuyos alcances deberá fijar el Juez Federal de Formosa.
Dicho recurso había sido presentado por la APN y adherido por Red Yaguareté, la Fiscalía de Estado de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal por considerar insuficiente la caución juratoria fijada para el caso por el Juzgado Federal N° 1 de Formosa cuando existen elementos suficientes para que el imputado responda cautelarmente con su patrimonio. A partir de esta acción judicial, el acusado de matar un ejemplar adulto de yaguareté en Formosa deberá afrontar patrimonialmente el delito cometido el pasado 19 de diciembre y denunciado diez días después junto al aporte de un video como evidencia.
Este tipo de sentencias resultan ejemplificadoras y cruciales para frenar la cacería de ejemplares de la especie, que por lo general quedan impunes y sin consecuencias para los cazadores. La caza de ejemplares de fauna nativa, y particularmente mamíferos grandes y medianos amenazados de extinción, está prohibida a nivel nacional y provincial.
El equipo de Conservación de la APN, a través de la jefa del programa de Recursos Naturales, María Graziani, realizó el cálculo económico del daño ambiental causado por la pérdida de este ejemplar, el cual fue validado por el director regional NEA del organismo, Daniel Crosta. La estimación monetaria de dicho daño, cálculo que involucra diversos aspectos y variables ambientales y económicas, resultó en algo más de 370 millones de pesos.
El yaguareté es una especie protegida por las leyes nacionales 22.421 de Conservación de la Fauna, que establece delitos y penas por la caza de ejemplares de la fauna silvestre, y 25.463, que lo declara Monumento Natural, otorgándole la máxima categoría de protección para una especie a nivel nacional y estableciendo a la APN como autoridad de aplicación a cargo de planificar y ejecutar medidas para su conservación y la prevención de problemáticas asociadas a la misma.
“Por lo tanto, es política de esta administración participar activamente en las denuncias vinculadas con la caza ilegal de individuos de yaguareté”, indicaron en un comunicado.
Esta especie nativa de Argentina sufre una reducción sostenida desde principios de siglo XX, situación que se vio intensificada en el último tiempo por la caza ilegal y la reducción de bosques en toda su distribución. “Su situación es tan grave que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, autoridad nacional sobre la fauna del país, en colaboración con investigadores y expertos argentinos de la SAREM, categorizó a la especie como en peligro crítico de extinción en el territorio de la República Argentina. En particular, la población de la región chaqueña es la más diezmada, siendo la caza ilegal su principal causa de disminución”, indicaron desde Parques Nacionales.
Y cerraron: “La Administración de Parques Nacionales, autoridad de aplicación a cargo del resguardo de este Monumento Natural, tiene el compromiso y la determinación para revertir la situación desfavorable de las poblaciones de yaguareté en Argentina a través de la participación activa en denuncias por caza ilegal y en otras acciones conjuntas con todos los actores interesados en la conservación de la especie. Por ello, en este caso se presentó como querellante en el marco de la causa que investiga la comisión del delito previsto en el artículo 25 de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna”.
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