Los abogados del ex presidente Donald Trump pidieron este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga en su pelea con el Departamento de Justicia sobre los documentos clasificados incautados en su casa en Florida como parte de una investigación criminal sobre su manejo de registros gubernamentales.
El equipo de Trump presentó una solicitud de emergencia en la que pide a los magistrados que bloqueen parte del fallo de un tribunal inferior que impidió que un árbitro independiente solicitado por Trump, conocido como maestro especial, examinara más de 100 documentos marcados como clasificados que estaban entre los 11.000 registros incautados por agentes del FBI en la finca Mar-a-Lago en Palm Beach el 8 de agosto.
La defensa del ex mandatario dijo en su solicitud que era esencial que el maestro especial tuviera acceso a los registros clasificados para “determinar si los documentos que llevan marcas de clasificación son de hecho clasificados, e independientemente de la clasificación, si esos registros son registros personales o presidenciales”.
“Dado que el presidente Trump tenía autoridad absoluta sobre las decisiones de clasificación durante su presidencia, el estado actual de cualquier documento en disputa no puede posiblemente determinarse únicamente por referencia a las marcas en ese documento”, dice la solicitud.
Dice que sin la revisión del maestro especial, “los puntos de vista indiscutibles del actual Departamento de Justicia reemplazarían la autoridad establecida del Jefe del Ejecutivo”. Una revisión independiente, dice el equipo de Trump, asegura un “proceso transparente que proporciona una supervisión muy necesaria”.
Por otro lado, los Archivos Nacionales de Estados Unidos informaron recientemente que varios ex funcionarios que trabajaron en la Casa Blanca durante el mandato de Trump aún deben entregar registros presidenciales que son propiedad del gobierno.
“Aunque no hay una manera fácil de establecer una responsabilidad absoluta, sabemos que no tenemos todo lo que deberíamos”, dijo la responsable del organismo, Debra Steidel Wall, en una carta a la representante demócrata Carolyn Maloney, que dirige un comité de supervisión de la Cámara de Representantes.
Los nombres de los funcionarios omisos no figuran en esa carta datada el viernes y divulgada la noche del sábado, pero se indica que algunos funcionarios utilizaron cuentas privadas de mensajería electrónica para hacer trámites oficiales y no entregaron esos mensajes como exige la ley. Wall dijo que los Archivos Nacionales, cuya misión es guardar los registros gubernamentales, consultarán al Departamento de Justicia para emprender eventuales acciones que permitan recuperar “documentos ilegalmente quitados”.
Tras reiterados esfuerzos del gobierno federal de obtener documentos eliminados por Trump, el FBI allanó su residencia de Mar-a-Lago en el estado de Florida. En esa redada se requisaron más de 10.000 documentos, muchos clasificados como secretos. Trump alegó que esos documentos son privados o están protegidos por privilegios presidenciales y recurrió a la justicia para recuperarlos.
(Con información de AFP, AP y Reuters)
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