Ayer Los Ángeles llegó al poco honorable número récord de 20.057 fallecidos a consecuencia del coronavirus. La ciudad sigue en estado fantasma. Pocos comercios abiertos, no todas las escuelas funcionando y la capacidad de los hospitales a tope por varios meses. California, el estado más poblado del país, y esta urbe en particular, son la imagen más dura del COVID-19 en los Estados Unidos.
En medio de este panorama, llegó la esperanza de las vacunas. Pero mientras la mayor cantidad de casos y muertes se dan en las zonas pobladas por minorías y grupos de bajos recursos, las vacunas se reparten más abundantemente en los vecindarios de los más ricos.
Las autoridades del condado de Los Ángeles fueron las encargadas de confirmar que efectivamente se había vacunado de manera prioritaria a los empleados de la escuela privada Wesley School (un colegio cuya cuota por alumno asciende a los 30 mil dólares al año), en contra de las reglas de prioridad establecidas por el estado. De igual manera, la prensa local ha reportado una decena de casos de residentes de zonas de alto poder adquisitivo que lograron, burlando al sistema, recibir sus vacunas durante los días de inmunización de las residencias Boyle Heights, un vecindario repleto de desarrollos públicos en los que residen personas de bajos ingresos.
El caso de Boyle Heights es paradigmático en Los Ángeles. Cerca del 20 por ciento de las 17.062 personas que viven allí ha contraído el coronavirus. 261 vecinos de este desarrollo fallecieron a consecuencia del virus, convirtiéndolo en la zona más afectada de todo el condado de Los Ángeles, y por ende, una de las más afectadas del país. Según datos del propio departamento de salud del condado de California, menos del 10 por ciento de los residentes de Boyle Heights han recibido siquiera una dosis de la vacuna hasta el momento. Por el contrario, el 30 por ciento de los residentes de Beverly Hills (el emblemático barrio de los multi-millonarios) ya han sido inmunizados, pese a que en ese barrio solo el 7 por ciento de la población contrajo el COVID 19.
Fue la propia supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, quien aseguró que ella vio durante el fin de semana a residentes de altos recursos hacer cola para recibir su vacuna en la clínica que se improvisó en Ramona Gardens, uno de los desarrollos de viviendas para minorías y personas de bajos recursos de Boyle Heights. Esta clínica fue pensada por las autoridades para servir a un segmento de la población que se presume más vulnerable ante el virus por tener menor acceso a servicios de salud y por realizar, en su gran mayoría, trabajos que requieren salir de sus hogares.
“No me sorprende que esto pase. Pero me desagrada. No estoy desconforme con nuestro trabajo, sino con el comportamiento de parte del público que no se está manejando de manera responsable”, decía ante las cámaras de televisión Solís.
“Este sitio fue diseñado para cubrir la necesidad de una población de cerca de 600 personas que viven en estos edificios en condiciones de pobreza. La mayor parte de ellos son latinos, algunos asiáticos y otros afro-americanos. A cada uno se le dio un código de acceso un par de horas antes de que comience la vacunación. De alguna manera, personas de barrios como Beverly Hills o Westside -que nunca vienen para estas zonas del condado-, consiguieron ese código e ingresaron”, agregaba Solís.
El problema, según las autoridades de salud, es que las reglas estatales no les permiten realizar un control férreo de quién recibe la vacuna. Mientras sean mayores de 65 años, todos deben ser bienvenidos.
“Pusimos estos códigos tratando de beneficiar a los más vulnerables, pero la realidad es que los códigos circulan por internet y no hay mucho que podamos hacer al respecto”, declaró la directora de salud pública de Los Ángeles, Bárbara Ferrer.
En diálogo con la prensa en Sacramento, esta mañana el gobernador Gavin Newsom reconoció tener conocimiento de abusos al sistema y estar trabajando para intentar encontrar una solución.
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