De las armas de Irak y Afganistán al fuego en las calles de Estados Unidos

La militarización de la policía en Estados Unidos lleva a cada vez más violencia contra los ciudadanos y provoca muertes como la de George Floyd. Una ley de 1997 permitió transferir a las policías locales el armamento militar que se fuera renovando. Las guerras de Irak y Afganistán hicieron que esas armas fueran muy sofisticadas y absolutamente exageradas para ser utilizadas en el combate al crimen y el control del orden de los propios ciudadanos estadounidenses. Incluso en pequeños pueblos del Medio Oeste, las policías locales comenzaron a salir a la calle ante cualquier alarma con Humvees artillados, uniformes de camuflage y rifles de asalto AR15. En total, fueron más de 7.000 millones de dólares en armamento pesado repartido entre unas 8.000 unidades policiales de todo el país. El resultado: un promedio de 2,8 personas mueren cada día en Estados Unidos a manos de la policía en situaciones en que se podrían haber salvado esas vidas.

El denominado “Programa 1033” fue establecido en los años noventa para equipar a las fuerzas locales, que estaban luchando en ese momento en la guerra contra las drogas, con pertrechos que habían sido renovados por la Marina y el Ejército. Los atentados del 11/S revitalizaron la transferencia de armas para que las policías de las grandes ciudades tuvieran los recursos necesarios para combatir el terrorismo. En 2014, el asesinato de un chico negro desarmado, Michael Brown, por parte de un policía blanco en Ferguson, Missouri, que también desató protestas antirracismo en todo el país, hizo que el entonces presidente Barack Obama restringiera el tipo de armamento que podía recibir la policía.

Se prohibió la transferencia de lanzacohetes y explosivos plásticos, que hasta ese momento eran enviados a las comisarias de todo el país. En 2017, el Pentágono informó que, a raíz de la medida de Obama, se habían devuelto al Ejército 126 vehículos reforzados con equipos antiminas, 138 lanzaderas de granadas y 1.623 bayonetas. En 2017, Donald Trump revirtió la orden presidencial y todos esos tipos de armas siguieron llegando a los policías.

Es así como en los últimos días, desde el asesinato de George Floyd en Minneapolis, las masivas protestas que se registraron en todo el país fueron reprimidas por las policías locales equipadas con sofisticados trajes de combate y fusiles M16 en la mano que se trasladaban en poderosos vehículos artillados (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) diseñados para combatir a los terroristas de Al Qaeda en Irak, los Talibanes en Afganistán y el ISIS en Siria. Trump apoyó este despliegue. “Los alcaldes y los gobernadores deben establecer una presencia abrumadora hasta que se calme la violencia”, dijo el presidente en un discurso desde el Rose Garden el lunes por la noche. “Si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegaré el ejército de los Estados Unidos y les resolveré rápidamente el problema”. Después de esa declaración Trump ordenó que la policía despejara con gases lacrimógenos y golpes a los manifestantes que se habían congregado en el Lafayette Park, frente a la Casa Blanca, para que él pudiera caminar hasta la emblemática iglesia presbiteriana de St. Johns y pararse en su frente mostrando una Biblia.

Un estudio realizado en 2017 por cuatro profesores de la Kennedy Government School de Harvard y del Departamento de Psicología de Stanford demostró que la participación en el Programa 1033 había provocado “un aumento de la violencia y los asesinatos” por parte de los departamentos de policía participantes. Otra investigación de Rand Corporation, al año siguiente, describió “una historia de problemas con los controles internos, así como una percepción pública de que el programa conduce a más violencia policial”. “Está claro que muchos departamentos de policía están equipados como si fueran a la guerra, y no está funcionando en términos de mantener la paz”, dijo el senador demócrata Brian Schatz en una entrevista con la cadena de televisión ABC. “Esto no es lo único que debemos hacer, pero a medida que nuestro país vea estas imágenes en la televisión que nos recuerdan a algunos países muy, muy lejanos, es hora de recalibrar este programa”.

La mayoría de los departamentos de policía que participaron en la represión de las manifestaciones y la contención de los saqueos de la última semana fueron beneficiados por el “Programa 1033”. En 2015 el Departamento de Seguridad de Minnesota recibió 110 rifles de asalto que habían sido utilizados en Afganistán. Y en 2013, cuatro rifles de precisión con miras nocturnas que utilizan los francotiradores del Ejército. La policía Cottage Grove, un suburbio de la ciudad de St. Paul, con apenas 35.000 habitantes, recibió este año equipamiento militar por un valor de 1,1 millones que incluyó un vehículo antiminas de 750.000 dólares y un robot de última generación para desarmar explosivos. Los policías de Louisville, Kentucky, obtuvieron 32 cascos de “combate avanzado”. Y la policía de Los Angeles recibió 700 rifles de asalto en 2011. El representante Rubén Gallego, demócrata de Arizona y ex infante de Marina, dijo en un discurso que “el hecho de que el Departamento de Defensa tenga un exceso de armamento no significa que se le dará un buen uso en manos de la policía”. Y anunció que presentará un proyecto para eliminar “el 1033”. “Como veterano de guerra y orgulloso marine, puedo decir que muy poco de mi equipo o entrenamiento pueden ser relevantes para vigilar lo que sucede en mi ciudad de Phoenix u otras comunidades estadounidenses. Nuestros barrios no son zonas de guerra”, agregó.

Varios trabajos académicos encontraron una correlación entre la militarización y la violencia policial. Un estudio de 2017 analizó los gastos de los departamentos de policía y los contrastó con las muertes relacionadas con la policía. Sus autores escribieron en un resumen publicado en The Washington Post: “Incluso teniendo en cuenta otros posibles factores en la violencia policial como los bajos salarios, el porcentaje de población negra y de policías blancos, los niveles de delitos violentos y el uso de drogas, las agencias policiales más militarizadas son las que registran la mayor cantidad de civiles muertos en su accionar. Cuando un condado recibe de golpe equipamiento militar valorado en más de dos millones y medios de dólares –esa es la cifra más grande que encontramos en la base de datos-, es probable que más del doble de civiles mueran en ese condado al año siguiente”. Y no son solo las personas afectadas las que sufren esas consecuencias. La especialista en Sicología del Comportamiento, Denise Herd, que estudia el efecto de la brutalidad policial en la comunidad escribió en el Boston University Law Review a principios de este año, que “los encuentros violentos con la policía producen un fuerte efecto dominó al disminuir la salud y el bienestar de los residentes que simplemente viven en áreas donde sus vecinos son asesinados, heridos o psicológicamente traumatizados”. El video que muestra a George Floyd impedido de respirar mientras el oficial Derek Chauvin permanece arrodillado sobre su cuello por ocho minutos evidentemente provocó un trauma en una mayoría de los estadounidenses y la reacción evidenciada en las protestas. Y al mismo tiempo, también mostró la alta marginalidad existente entre los jóvenes afroamericanos que aprovecharon las marchas para saquear algunas de las mejores tiendas en varias ciudades.

Y también hay otro fenómeno un gran número de veteranos de Irak y Afganistán, a su regreso a Estados Unidos, se alistaron en las policías locales. Un análisis de los profesores Gregory Lewis y Rahul Pathak de Georgia State University encontró que, si bien sólo el 6% de la población del país (2,7 millones) combatió en Medio Oriente y Asia Central, el 19% de los ex combatientes se convirtieron en policías al regresar. Otras de las conclusiones del “paper” son:

1) Los veteranos que trabajan como policías son más vulnerables al comportamiento autodestructivo: abuso de alcohol, drogas e intento de suicidio.

2)La mayoría de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, debido a factores que incluyen una cultura de machismo y una serie de restricciones legales, realizan poco o ningún examen de salud mental a los policías que regresan del despliegue militar y tampoco brindan tratamiento.

3)Las preferencias de contratación de antiguos miembros del servicio que tienden a beneficiar a los blancos de manera desproporcionada dificultan la creación de fuerzas policiales que se asemejan y comprenden la diversidad racial de sus comunidades.

Un caso ocurrido en Albuquerque, New Mexico, ilustra el sufrimiento por el que pasan los veteranos de guerra y sus consecuencias a raíz del Estrés Post Traumático. En 2012, el oficial de policía y ex combatiente Martin Smith, que había regresado apenas tres meses antes de Bagdad, recibió una alerta de un vehículo Hummer sospechoso. Ese tipo de camioneta, muy parecida a las que se utilizaban en Irak, provocó en Smith un episodio de “black out” que lo trasladó a algunos de los eventos vividos en la guerra. Cuando el vehículo se detuvo, se acercó a la ventanilla y sin que mediara palabra o acción por parte del conductor, realizó varios disparos que mataron a dos personas.

Esto es lo que está por detrás de la violencia policial que desató en los últimos días la protesta racial más grande que vivió Estados Unidos desde el asesinato de Martin Luther King.

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