Altos mandos militares deberán comparecer ante el Congreso para explicar el rol de las FFAA en las protestas por la muerte de George Floyd

Legisladores estaodunidenses tienen la intención de convocar al Congreso a altos mandos militares para que expliquen el rol de las Fuerzas Armadas en las crecientes protestas por la muerte de George Floyd a manos de la policía, que comenzaron la semana pasada y cuya intensidad no ha recedido.

El titular del comité de los servicios armados en la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Smith, fue quien adelantó la intención en una conferencia telefónica con periodistas, según consignó Military Times.

Para respaldar su decisión, Smith criticó al presidente, Donald Trump, por su voluntad de terminar con las manifestaciones por la fuerza y se mostró “preocupado por el potencial rol que podrían tener los militares para amplificar esta retórica equivocada”. “Hablar de los Estados Unidos como un campo de batalla no es correcto”, agregó.

En concreto, adelantó que llamará al secretario de Defensa, Mark Esper, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley. Ambos deberán comparecer personalmente y explicar como se usará la fuerza militar en el marco de las protestas, que se han esparcido por todo el país y se han replicado en distintas ciudades del mundo.

En un discurso pronunciado el lunes, Trump conminó a los gobernadores a desplegar a la Guardia Nacional -una fuerza de reserva constituída por voluntarios a las órdenes de los estados-, pero amenazó con desplegar al ejército si los mandatarios no terminaban con las protestas.

“Si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas necesarias, entonces desplegaré el ejército de los Estados Unidos”, aseguró el Presidente, quien denunció además que el país “está siendo atacado por anarquistas profesionales” y calificó a las protestas como "terrorismo doméstico”.

Horas después del mensaje, medios locales reportaron que Trump está considerando invocar la Ley de Insurrección de 1807, la cual le daría la potestad de desplegar tropas considerando que autoriza a hacerlo en caso de disturbios civiles.

“Es una de las herramientas disponibles. Si el presidente decide seguir con eso, es su prerrogativa”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, al ser consultada al respecto.

Tom Cotton, senador republicano de Arkansas, instó al presidente a invocar la ley “si es necesario” para que las tropas puedan “apoyar a nuestras fuerzas de seguridad locales y asegurar que esta violencia termine”.

La Ley de Insurrección tiene varias partes. La primera dice que cuando hay una insurrección contra un estado y la legislatura estatal —o, si esta no se puede reunir, el gobernador— le pide ayuda al presidente, entonces el presidente puede enviar tropas federales. Esta disposición no es relevante en las circunstancias actuales. Hasta el martes por la noche, ningún estado había pedido al presidente que enviara al ejército estadounidense.

La segunda parte de la Ley de Insurrección dice que el presidente puede convocar a las tropas federales para hacer cumplir la ley federal si el Presidente “considera que las obstrucciones, combinaciones o reuniones ilegales, o la rebelión contra la autoridad de Estados Unidos, hacen que sea impracticable hacer cumplir las leyes de Estados Unidos en cualquier estado mediante el curso ordinario de los procedimientos judiciales”.

No obstante, expertos han cuestionado la posibilidad de basarse en este párrafo, considerando que no parece aplicarse a las circunstancias actuales. La tercera parte, no obstante, indica que el Presidente puede llamar a los militares para sofocar la “insurrección, la violencia doméstica, la combinación ilegal o la conspiración” en los estados cuando apliquen ciertas condiciones. Trump podría describir a los saqueos como violencia doméstica.

Además, la ley indica que esta podría invocarse si la violencia “se opone u obstruye la ejecución de las leyes de Estados Unidos o impide el curso de la justicia bajo esas leyes”. Y Trump podría argumentar que los saqueos obstruyen la ejecución de leyes federales, al no poder la policía local y la Guardia Nacional detener estos hechos.

Sin embargo, medios locales han reportado que funcionarios del departamento de Defensa se han manifestado en contra de una eventual decisión. Según consignó CNN, muchos de ellos han argumentado que la situación no ha escalado a un nivel tal que amerite esa respuesta.

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