El Departamento de Justicia de los Estados Unidos designó al partido político libanés Hezbollah como una organización criminal transnacional.
La designación fue parte de un anuncio del fiscal general Jeff Sessions sobre la creación de un nuevo grupo de trabajo destinado a concentrarse en tres de los cárteles de la droga más notorios del mundo y en la brutal pandilla callejera MS-13.
Hezbollah ha sido incluido en la lista negra como organización terrorista por los Estados Unidos. Esta es la primera vez que el partido político-terrorista libanés fue etiquetado como una "organización criminal transnacional".
En 2015, el Tesoro de los Estados Unidos acusó a Hezbollah de contrabando de drogas y lavado de dinero, acusaciones rechazadas por el secretario general del partido, Hassan Nasrhallah.
Sin embargo, como parte de nuevas medidas contra el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos, el fiscal Sessions, en reunión con un grupo de fiscales federales, tomó la decisión el pasado lunes y designaron al grupo como una de las amenazas transnacionales más peligrosas de delincuencia organizada y dijeron que el nuevo grupo de trabajo "desarrollará un plan para erradicar para siempre a cada una sus células de los lugares donde operan".
Los fiscales sugirieron trabajar en conjunto desde los Estados Unidos con los países en que el grupo terrorista opera, priorizando las actividades criminales de la organización en suelo estadounidense y en América Latina, haciendo especial mención a la zona de Triple Frontera (Paraguay, Brasil y Argentina) pero también a México, Panamá, Colombia y otros puntos críticos donde las mafias relacionadas a Hezbollah operan en el Caribe.
Los fiscales federales han trazado una estrategia para hacer que los procesamientos sean "más efectivos y las extradiciones más rápidas" como parte de la iniciativa, los fiscales dirigirán subcomités especializados que se enfocarán en la organización, sus líderes y los adherentes a las operaciones de Hezbollah.
Entre otras organizaciones criminales que también serán perseguidas legalmente junto al grupo islamista Hezbollah, se incluyen el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo. Los subcomités que investigan a los cárteles de la droga estarán dirigidos por fiscales que han acusado a los jefes de la drogas y han dirigido casos que dieron lugar a la incautación de millones de dólares.
El informe final de los fiscales también avanza sobre lo que denomina países "patrocinadores" del terrorismo en América Latina. En este apartado se hace especial mención de Venezuela, que proporciona un apoyo fundamental a los grupos terroristas islámicos en la región. El régimen venezolano es considerado el principal patrocinador estatal regional, mencionando que los grupos terroristas tendrían mayores dificultades para la obtención de fondos, armas, materiales y tráfico aéreo seguro sin el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro, toda esa apoyatura que brinda la dictadura venezolana resulta sumamente necesaria para planear y llevar a cabo sus operaciones, indica el grupo de fiscales.
Estados Unidos seguirá insistiendo en la lucha contra los países y gobiernos que determinan y brindan apoyo a los grupos terroristas, señaló el fiscal general Jeff Sessions.
Con respecto a Irán, los fiscales han expresado que "sigue siendo el Estado patrocinador más activo del terrorismo internacional", indicando que la participación de Irán en la planificación y el apoyo financiero de los ataques terroristas en todo el Oriente Medio, Europa, Asia Central y América Latina ha tenido un impacto negativo directo en los esfuerzos internacionales para promover la paz y las bases del crecimiento de la democracia.
El subcomité encargado de Hezbollah estará dirigido por el fiscal federal adjunto Ilan Graff, de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Graff está supervisando el enjuiciamiento de dos miembros de la Organización de Seguridad Externa de Hezbollah, los primeros operativos acusados de delitos de terrorismo en los Estados Unidos.
Sessions ha ordenado que cada uno de estos subcomités proporcione recomendaciones específicas dentro de los 90 días sobre cómo interrumpir y desmantelar a estas organizaciones, ya sea a través de un proceso judicial, diplomático u otros medios legales.
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