El Tribunal Supremo anuló el martes una disposición de la ley federal que exige la deportación obligatoria de inmigrantes que hayan sido condenados por algunos delitos, ya que sostiene que la ley es inconstitucionalmente vaga.
La Corte falló a favor de Dimaya, un filipino residente legal permanente desde 1992, que en 2009 fue condenado por robo residencial en California. Por esa sentencia, iba a ser deportado, pero el máximo Tribunal frenó esa medida.
La condena que pesaba en su contra, "delito grave con agravante", está incluida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza la deportación, pero sus abogados alegaron que parte de esa ley es "inconstitucionalmente vaga" y que su cliente nunca tuvo un aviso justo de que sus crímenes podrían provocar su deportación.
La Corte avaló esta argumentación en una ajustada votación 5-4 y por primera vez, el juez Neil Gorsuch -elegido por Donald Trump- se unió a los jueces más liberales invalidando el estatuto federal. Al hacerlo, Gorsuch continuó con la jurisprudencia del juez Antonin Scalia, que también se alió con los liberales en lo que respecta a la vaguedad de los estatutos utilizados para condenar a los acusados.
La decisión de la Corte es un revés para la política migratoria del presidente republicano, que durante su campaña prometió expulsar a los indocumentados y levantar un muro en la frontera con México para impedir la entrada de inmigrantes que, según dijo, en su mayoría son "violentos, narcotraficantes y violadores".
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