Judith Butler: “El derecho penal no es amigo de las travestis, tampoco es amigo de las trabajadoras sexuales, y solo fortalece el monopolio estatal de la violencia”

En “Vidas en lucha” (Discusiones), las investigadoras del CONICET Virginia Cano y Laura Fernández Cordero dialogan con la filósofa estadounidense Judith Butler. A continuación el capítulo “Cuerpos y temblores de las políticas de lo colectivo”:

Cuerpos y temblores de las políticas de lo colectivo

VC-LFC: El 3 de junio de 2015, bajo el lema “Ni una menos”, doscientas cincuenta mil personas nos congregamos frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires y otras doscientas mil se reunieron en ciento veintiuna localidades con el objetivo de reclamar (y hacer el duelo) por la enorme cantidad de femicidios y travesticidios acontecidos en los últimos años. Desde entonces, y haciéndonos eco de casos con alta repercusión mediática, nos expresamos en reuniones masivas en el espacio público en distintos lugares del país. En todas estas intervenciones, la interpelación de fuerte resonancia jurídico-penal se dirige tanto al Estado como a la sociedad civil. En este sentido, nuestra inquietud se orienta a la problematización de la narrativa bajo la cual se convocan estos encuentros colectivos y estos duelos públicos. ¿Cuáles son las potencias y los límites de utilizar en contextos no jurídicos un vocabulario penal destinado “inicialmente” a la tipificación de un crimen? ¿Qué permite ver y qué cegueras produce la apropiación y el desplazamiento de este arsenal teórico-discursivo por parte de los medios masivos de comunicación y de las organizaciones sociales? ¿Cuáles son los riesgos de habilitar una lectura de corte punitivista de la violencia machista?

JB: La importante oposición política contra el femicidio, o quizás contra lo que Berenice Bento llama “feminicidio”, es un extraordinario movimiento que no solo nombra y se opone al crimen, sino que muestra muy bien la complicidad de la policía y del sistema legal con el crimen en sí mismo. Podemos pensar tanto en las mujeres de Ciudad Juárez, en México, como en las altísimas tasas de femicidio en Honduras. Hay comunidades y fuerzas policiales que “aceptan” esta realidad y que no la sancionan, y así forman parte de lo que produce y reproduce estos asesinatos. Por supuesto, también nos enfrentamos con una clase de “desaparecidxs” que lleva directamente a la pregunta de cómo políticas adoptadas por la dictadura continúan bajo la rúbrica de la democracia. Creo que las grandes manifestaciones pueden exigir la atención del Estado y los medios de comunicación, pero también es importante que confronten y eduquen al público en general. Y sí, esos actos de duelo público son cruciales, como claramente Argentina sabe por su continua insistencia en el reconocimiento y duelo públicos de las personas asesinadas y desaparecidas durante la dictadura. Esa realidad permanece vaga y disputable, y es olvidada y negada cada vez que no se señala ni se reconoce como la violencia y la pérdida devastadoras que realmente supone. Entiendo que una crítica rigurosa a la violencia de Estado, incluyendo la violencia legal, ha de implicar que la batalla contra el feminicidio no se dirija hacia el fortalecimiento del derecho penal. El derecho penal no es amigo de las travestis, tampoco es amigo de lxs trabajadorxs sexuales, y solo fortalece el monopolio estatal de la violencia. Sin embargo, pienso que es necesario que haya leyes que prohíban la tortura y la violación, leyes que puedan aplicarse a quienes cometen esos crímenes. No creo que el problema esté en que la categoría de crimen sea errónea, sino en que esa categoría puede utilizarse para describir actividades que no son criminales. Es importante hacer y deshacer leyes en función de su justicia. Debemos hacer esa pregunta, y también tenemos que esperar la posibilidad de una ley justa, aunque haya riesgos en eso. Incluso si decimos que la ley solo “funciona” cuando está bajo el poder del Estado, e incluso si afirmamos que no hay ley que pueda encarnar completamente la justicia, eso no constituye prima facie una razón para oponerse a todas las leyes.

VC-LFC: En un contexto de recrudecimiento de las políticas de precarización por parte del Estado y de radicalización del antagonismo y la protesta social, ¿cómo pensar proyectos colectivos enmarcados en el horizonte de una democracia radical que, aceptando el carácter herido de toda universalidad, consigan contrarrestar efectos tan extendidos como la particularización y la atomización de las identidades y de las demandas? ¿Es acaso la articulación hegemónica la única operación viable o quizás, en el marco de las reflexiones en torno al encuentro físico de los cuerpos en el espacio público, es posible pensar otro tipo de operaciones con efectividad política?

JB: Mi apuesta es que incluso las demandas políticas más particulares implican un reclamo universal. Si lucho por los derechos a la atención sanitaria en Estados Unidos, podría decirse que estoy ante un asunto individual. Pero quizás la lucha por el acceso universal a la salud en realidad sea un modo de decir que el Estado tiene la obligación de proveer cobertura médica a toda la ciudadanía (incluidxs lxs indocumentadxs). Si se acepta esta proposición, entonces podemos abrir un debate más amplio acerca de otras obligaciones que el Estado podría y debería honrar, y también acerca de por qué debería ser el Estado, antes que el mercado privado, quien asuma esos costos y acepte esa responsabilidad. En este punto, estamos abriendo y proponiendo una pregunta sobre la democracia social o incluso sobre un socialismo democrático, y sobre qué forma de gobierno es mejor. Así, una demanda “particular” se abre a una visión socialista del mundo. Cuando Laclau y Mouffe hablaban de “articulación”, intentaban comprender cómo una visión común y una oposición común podrían construir, a lo largo del tiempo, movimientos cuyos intereses parecen ser, en una primera instancia, solo particulares y, sin embargo, implican una visión más amplia de cómo debería ser el mundo político.

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