Alias ‘ojitos azules’ sigue recluido en la sala de Retenidos de la Dijin en Bogotá

El narco-paramilitar Darío Alberto Laino Scopetta capturado a finales de noviembre en Barranquilla, permanece recluido en las celdas de la Dijin en la capital. Un auto del juzgado décimo Especializado de Bogotá indica que alias ‘Ojitos azules’ tenía dos órdenes de captura.

Según el Tribunal de Justicia y Paz, Laino fue quien impulsó la creación de grupos paramilitares en el Magdalena y era buscado desde mayo de 2017 por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.

Ojitos azules habría participado en el homicidio de un dirigente del sindicato de educadores del Atlántico, y por ese proceso, quedó a disposición de un fiscal de la Dirección Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Barranquilla.

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La segunda orden de captura está relacionada con una sentencia a más de 32 años de prisión por el homicidio del también sindicalista Manuel Santiago Pájaro Peinado, quien sería integrante del Sindicato de Servidores Públicos de Barranquilla.

“Contra esta persona alias Ojitos Azules pesa una condena de 32 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio en persona protegida. En el fallo fue declarado responsable del asesinato de Manuel Santiago Pájaro Peinado, un integrante del sindicato de Servidores Públicos de Barranquilla”, sostuvo Tovar Pérez.

Se conoce que esta última sentencia está en revisión de segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá.

Los crímenes de Ojitos azules

Los casos por los que se buscaba a Darío Alberto Laino Scopetta, también conocido como Ojitos azules, fueron declarados de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación, por tal motivo, no pueden prescribir.

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El ente investigador reveló que los crímenes corresponden a una política de paramilitares de quitarle la vida a personas que, según ellos, tenían nexos o eran cercanos a grupos subversivos o pertenecientes a sindicatos.

Por tal motivo, la Fiscalía explicó que el hecho: “tuvo lugar en un contexto delincuencial masivo y frecuente en contra de determinadas víctimas, cuyo vínculo era la pertenencia a un mismo grupo ilegal que ellos combatían y la defensa de unos ideales comunes en el Atlántico. Pero también, se enmarcó en un plan de impacto nacional más ambicioso y estructurado que se ejecutó a lo largo de una década”.

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En el caso del docente, La Fiscalía habla de seis aspectos con los cuales se puede asociar a un delito de lesa humanidad, tal como la estiigmatización y victimización por su rol y por pertenecer a la junta directiva de la empresa Coolechera que, según los grupos paramilitares “eran de ideas de izquierda, lo que dio lugar al plan criminal que acabó con su vida y la de otros más”.

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