Empresa intentó engañar a la Fiscalía en proceso de licitación de comunicaciones

El consorcio UT Conecta 2022 recibió una denuncia por parte de Fiscalía tras el intento de fraude en los documentos requeridos para la ampliación de la licitación que ya venía en marcha desde hace meses y que ponía en juego más de 180 mil millones de pesos con la prolongación del servicio.

Según información obtenida por Semana, el contrato tenía como finalidad el montaje de todo el sistema de comunicaciones digitales de la entidad para gestionar los servicios de telecomunicaciones de la red corporativa denominada como Wan-Lan, también en servicios de seguridad informática y el mecanismo de videoconferencias del importante ente del Estado, funciones que el consorcio anterior ya venía desarrollando.

La gravedad de la situación pasa por tres factores fundamentales, el primero con la presunta falsificación de documentos, el segundo por el vínculo ya existente entre la Fiscalía y la empresa Colombia Telecomunicaciones y Dextera SAS, representantes del consorcio UT Conecta, encargado de las conexiones internas en seguridad y comunicaciones, y la tercera y quizá la más importante, es la incoherencia de que la misma empresa encargada de la seguridad y conectividad, haya podido cometer fraude.

Fueron dos empresas más las que se presentaron a esta licitación: la Unión Temporal Fiscalía Seguridad Integral y Tak Til SAS, las cuales contaban con los requisitos establecidos por la institución para aspirar al contrato, el primero de ellos y que estaba expreso con total énfasis en el pliego de la licitación, era el del tiempo de existencia, las empresas debían contar con 44 mil horas de vida y contar con algunos requerimientos técnicos precisos para realizar esta función. Ninguna prosperó en el proceso de la licitación, dejando el camino libre para la continuidad del contrato con la empresa actual.

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UT Conecta presentó documentos el pasado 11 de noviembre que certificaban el uso y garantía de monitores donde la señora Nicole Ramírez Rodríguez figuraba como representante legal de la empresa LG Bussines Solutions, la inconsistencia se presentó cuando se entregó el certificado donde validaban las 40.000 horas de vida útil de los equipos solicitados en parte de la contratación, pero estas no coincidían con el segundo documento presentado en el que se mencionaban solo 30.000.

La Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Fiscalía indagó más sobre estas irregularidades y por medio de proveedores confirmó que el uso de estos aparatos efectivamente debía contar con 40.000 horas de vida útil lo cual validaba el primer documento presentado pero dejaba en duda el segundo, además porque este fue firmado por la señora Lyda Gómez y figuraba también como representante legal.

Los documentos a los que pudo acceder el medio citado, contaban con más irregularidades, desde la parte legal hasta la parte técnica pues no solo se habrían entregado con una Razón Social inexistente, sino que uno de ellos fue escaneado por la aplicación CamScanner la cual se utiliza con la cámara de un celular ordinario y además, uno de los documentos aparecía con fecha del 11 de noviembre y el segundo con fecha del 31 de octubre.

Tras confirmar cada uno de estos hechos irregulares a nivel interno, el comité evaluador presentó la denuncia para asegurarse de que todas las pruebas sean traducidas en una sanción y por supuesto en la no continuación de la empresa al servicio de la Fiscalía General de la Nación en materia de comunicaciones y seguridad.

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