Por los millonarios sobrecostos en televisores, sillas y otros equipos de oficina, Contraloría denunció penalmente al exgerente de Emcali

Juan Diego Flórez González, quién fuera el gerente general de Emcali, y otros 10 funcionarios, además de la empresa prestadora de servicios públicos en sí, fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la Nación, por la Contraloría, en relación a conductas contra la administración pública, por presuntas irregularidades en un contrato firmado con la Unión Temporal AMI qué le costaron más de 200 mil millones de pesos a la administración pública. Lógicamente dentro de los vinculados está el representante legal de dicha Unión, Juan Camilo Ossa Hoyos.

Al parecer no solamente los televisores comprados a 3 veces más de su valor comercial, y sillas con precios inflados, son los responsables de este desfalco, según lo encontrado por la Contraloría, el descalabro viene con un polémico contrato que se firmó en julio de este año, donde se pretendía dotar a las instalaciones de las Empresas Municipales de Cali con una nueva infraestructura, qué pretendía beneficiar las labores de medición y gestión de calidad de la compañía, y de la prestación del servicio.

Además de los dos sujetos anteriormente mencionados, aparecen personas responsables de la contratación en la entidad, responsables de la elaboración del contrato en cuestión, coordinadores de la unidad de gestión de abastecimiento, profesionales administrativos, secretarios generales y entre todos, se supone, revisaron la elaboración del acuerdo que le costó 21.5.879 millones de pesos a las arcas públicas.

Con una tabla muy detallada de todos los costos y transacciones que se realizaron con el contrato en cuestión, la Contraloría asegura que se generaron conductas en las cuales los servidores públicos y particulares, truncaron el contrato firmado en julio del 2022, derivando así en el descalabro multimillonario.

Podría decirse que se cumplió la voluntad del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien había declarado que la Fiscalía General de la Nación era quién debía investigar las diferentes versiones, para esclarecer los sobrecostos del contrato en cuestión, además de solicitar una veeduría internacional, y nacional, en el seguimiento para dar a conocer la adquisición de los implementos tecnológicos y demás herramientas que se pretendían comprar con dichos recursos:

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