Procuradora Margarita Cabello hace llamado a gobernantes y Fuerza Pública para proteger a líderes sociales de Nariño

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, se reunió el martes con líderes sociales de 10 municipios del sur del departamento de Nariño, para sostener el encuentro viajó hasta el Distrito especial de Tumaco. Desde allí, la jefe del Ministerio Público escuchó a la comunidad y realizó un balance de las situaciones que amenazan la tranquilidad y convivencia de las personas.

Desde la procuraduría, se le envió un mensaje a la comunidad para que puedan confiar en el trabajo que realiza el Ministerio Público respecto a las problemáticas que embargan a los habitantes de esta zona del país.

De manera vehemente, la procuradora Cabello denunció la grave situación de reclutamiento forzado de la que están siendo objeto los niños, niñas y adolescentes de por lo menos diez municipios de Nariño. La entidad logró detallar que, incluso, los menores tienen que salir de sus territorios para evitar caer en las manos de grupos armados al margen de la ley.

La procuradora citó el más reciente informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la situación de reclutamiento de menores en Tumaco es la que representa el mayor número de casos registrados en todo el territorio nacional.

Esta reunión fue denominada Espacio regional Para la promoción de los Derechos de Líderes y Lideresas Sociales, encuentro de escucha que se espera replicar para más lugares en el país.

Desde este escenario, la jefe del Ministerio Público envió un fuerte llamado a las autoridades gubernamentales y a la Fuerza Pública para que logren proteger la vida de los habitantes del Tumaco y de las cabeceras municipales que están siendo amenazadas por la influencia de grupos armados.

De acuerdo a los datos resaltados por la procuradora general, la entidad del Ministerio Público ha participado en 160 espacios del Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas, donde se han analizado más de 12.000 solicitudes de medidas de protección.

En este sentido, la autoridad de control disciplinario ha tenido que intervenir en, por lo menos, 200 casos ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para garantizar la garantía en los esquemas de protección para quienes lo necesitan en los territorios. De igual forma, otras 34 solicitudes corresponderían exclusivamente a casos de líderes sociales que se presentan a través del Programa Nacional de Protección.

Finalmente, la jefe del Ministerio Público insiste que, si bien desde la procuraduría se adelantan estas labores, es necesaria la colaboración de las autoridades para preservar la vida de la comunidad.

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