Denuncian casos de acto sexual abusivo y violencia intrafamiliar en La Rioja, unidad donde fueron trasladados indígenas del Parque Nacional en Bogotá

Tras cuatro meses de que integrantes de las comunidades indígenas que se encontraban asentadas en el Parque Nacional de Bogotá retornarán a sus territorios o fueran trasladadas a Unidades de Protección Integral (UPI) en la ciudad, entre 400 y 500 integrantes de estas comunidades ancestrales protestaron en la ciudad exigiendo que el Distrito cumpla los acuerdos que se pactaron y que, además, mejoren las condiciones de la UPI La Rioja, ubicada en el centro de la capital del país, donde según conoció la revista semana, se han presentado denuncias de abuso sexual, riñas, entre otros.

La publicación bogotana pudo constatar que, entre las comunidades indígenas que se encuentran refugiadas en La Rioja, se han denunciado casos de agresión y acto sexual abusivo, y de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con el mismo medio, en julio de este año se llevó a cabo un Puesto de Mando Unificado (PMU) donde las secretarías de Gobierno, Seguridad, Integración Social, Salud y la Personería de Bogotá conocieron que personal de convivencia y diálogo de la alcaldía fueron víctimas de “agresión y acto sexual abusivo” por parte de los indígenas.

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Pero estos casos de violencia no solo se han extendido en contra de los funcionarios de la Alcaldía de Bogotá que prestan su atención, sino también, según el mismo medio, se han registrado entre los miembros de la propia comunidad ancestral.

La revista Semana obtuvo información de que, en los últimos días, se reportó una riña al interior de la UPI de La Rioja, donde, en medio de la disputa, una mujer indígena resultó herida con un arma cortopuzante. Por los hechos, la fémina y varios grupos de hombres de la comunidad tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

A los casos de violencia, según indagó la revista Semana, se le suman enfermedades respiratorias y gastrointestinales que se le han diagnosticado a niños entre los 1 y 4 años; casos de graves desperdicios de alimentos, y los altos riesgos que sufren los menores de edad de ser víctimas de “mendicidad, la explotación sexual, la trata de personas, el uso y la utilización por parte de estructuras criminales, y la habitabilidad de calle”.

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Ante el panorama, el defensor de derechos humanos y líder indígena Jairo Montañez, en diálogo con el diario El Espectador, hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para que cumplan los acuerdos que se pactaron con las comunidades ancestrales ya que, de acuerdo con él, el 95 % de los mismos han sido incumplidos.

“Efectivamente, ha venido un sinnúmero de funcionarios, pero en el marco de vigilancia, más que en el de diálogo y el de preguntar cuáles son las necesidades que tenemos como población. Durante estos cuatro meses hasta la fecha, no ha habido cumplimiento, el Distrito ha hecho caso omiso”, puntualizó Montañez al diario bogotano.

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