El gobierno Nacional, en liderazgo de los ministerios de Interior y Defensa, señaló que los Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV) que se han instalado en diferentes territorios del país obedecen a la identificación de diferentes situaciones de violencia, en donde la comunidad y los líderes sociales son los más afectados. En este sentido, los PMUV se instalan como una herramienta para que los alcaldes y gobernantes locales puedan responder con acciones humanitarias y no militares. Pues en esencia, su propósito es salvar vidas.

Esta es la estrategia que el gobierno Nacional ha implementado en 65 municipios del país a través de la circular externa del 3 de septiembre de 2022, en donde se le entregan facultades a los mandatarios locales para solicitar, en caso de ser necesario, ayuda de la Fuerza Pública o de las instituciones de gobierno y Estado en aras de conservar la seguridad y el orden público.

Las determinaciones del gobierno Nacional para que sean los mandatarios locales los que lideren las estrategias en torno al orden público y a la protección de la vida, obedecen a que son los mismos alcaldes y gobernadores los que mejor conocen la situación de cada territorio.

Según manifestó el gobierno, los PMUV instalados tendrán un desempeño inicial durante 100 días que, luego de ser instaladas por parte del Presidente y los ministerio del Interior y Defensa, serán trabajadas por los mandatarios locales y por los delegados que ambas carteras vayan asignando a cada región.

Son 13 puntos principales, los que las carteras del Interior y de Defensa han encargado a los líderes de los puestos de mando. Aunque dentro de estas funciones se destaca el mandato de ofrecer garantías a los defensores de derechos humanos y a los firmantes de los acuerdos de paz.

El gobierno expresa que se debe garantizar una protección inmediata a esta población, luego de identificar los factores de riesgo que tenga cada persona. En este sentido, se entregaron facultades especiales para que los mandatarios regionales puedan solicitar, a través del gobierno nacional, mecanismos de protección y prevención ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP).

De igual forma, se estableció, dentro de la consolidación de estos PMUV que debe existir la representación de, por lo menos, dos líderes sociales o regionales que representen, bien sea en voz de la comunidad o por medio de organizaciones sociales, la necesidad de las regiones en materia de seguridad. Frente a esta participación, también se llamó a que los mandatarios locales convoquen al diálogo, cuando lo consideren necesario, a las diferentes entidades estatales o incluso, a organismos internacionales con injerencia en Derechos Humanos.

En principio, el llamado del gobierno Nacional es a dar solución a los problemas de orden público por medio del diálogo, sin embargo, también tendrán el acompañamiento de las Fuerzas Militares y de la la policía para que puedan establecer los operativos que sean necesarios con el objetivo de preservar el orden.

Es válido resaltar que el Ministerio del Interior se ofreció como operador técnico para que pueda asistir el desarrollo de todas las actividades que se consideren con la comunidad en las diferentes regiones.

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