La Gobernación de Antioquia se refirió a posibles amenazas de las disidencias de ‘Calarcá’ contra Hidroituango, el metro y la Alcaldía de Medellín: “Lo conocí por algo que vi en algún chat”

Las disidencias de las Farc habrían amenazado a Hidroituango, al Metro y a la Alcaldía de Medellín en medio de presiones armadas y exigencias económicas contra Empresas Públicas de Medellín (EPM), según una comunicación que la compañía remitió al Congreso de la República.

La denuncia, conocida el 3 de noviembre, vinculó las intimidaciones con el frente 36, facción liderada por Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, y con hechos que afectaron la operación de infraestructura energética en Antioquia. Aunque la información generó preocupación en la región, desde la Gobernación de Antioquia manifestaron que no tienen conocimiento oficial de amenazas contra Hidroituango, el metro o la Alcaldía de Medellín.

El secretario de Seguridad y Justicia, el brigadier general retirado Luis Eduardo Martínez Guzmán, indicó que su despacho no había recibido reportes concretos de las autoridades sobre esos riesgos.

“Desconocemos de manera oficial amenazas contra Hidroituango o el metro de Medellín. Nosotros aquí no hemos tenido ni una información concreta de las autoridades correspondientes”, indicó el funcionario departamental en declaraciones a Caracol Radio.

Martínez Guzmán señaló que se enteró de las versiones por mensajes que circulaban durante el fin de semana, pero sostuvo que la Gobernación no ha sido convocada ni notificada formalmente por intimidaciones contra el sistema de transporte o la hidroeléctrica.

“Lo conocí por algo que vi en algún chat este fin de semana, pero concretamente que a nosotros nos hayan convocado por amenazas al metro, pero amenazas a Hidroituango, no las hay hasta el momento”, manifestó Martínez Guzmán a la cadena radial mencionada.

EPM denunció extorsiones, ataques y restricciones contra sus operaciones

Las declaraciones del secretario de Seguridad de Antioquia se conocieron después de que trascendiera la carta de EPM a la Cámara de Representantes, enviada el 28 de octubre como respuesta a una invitación a un debate de control político sobre seguridad y orden público en Medellín.

En la comunicación al Congreso, Empresas Públicas de Medellín indicó que las exigencias económicas para permitir la operación de Hidroituango llegaron a $5.000 millones como pago inicial y $500 millones mensuales. El documento incluyó amenazas contra el proyecto hidroeléctrico, el Metro de Medellín y la Alcaldía, aunque no estableció que se hubiera concretado un ataque contra las instalaciones del transporte masivo ni contra la sede administrativa distrital.

“Las exigencias llegaron a $5.000 millones de entrada y $500 millones mensuales, con amenazas contra el proyecto, el Metro y la Alcaldía de Medellín; la interlocución se manejó con el Gaula, Fiscalía y CTI”, se observa en el comunicado expedido por EPM.

Según la información difundida en la sesión legislativa, el frente 36 de las disidencias de las Farc fue señalado por imponer controles sobre el ingreso de personal, exigir permisos escritos, retener trabajadores y expulsar cuadrillas en zonas de influencia de Hidroituango. En el mismo contexto, EPM reportó presiones atribuidas al Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia, relacionadas con las exigencias de dinero.

La empresa denunció además la instalación de dos cilindros con explosivos en la vía de acceso a Hidroituango. El hecho dejó un sargento del Ejército muerto y un soldado herido, e interrumpió durante cerca de una semana el ingreso de carga crítica para la central.

El reporte incluyó atentados contra tres torres de transmisión de energía en Medellín y Bello, así como sobrevuelos de drones sobre la hidroeléctrica en marzo de 2026. Ante las condiciones de seguridad, EPM restringió temporalmente el acceso de sus trabajadores a áreas rurales de Briceño y a por lo menos 17 veredas.

La compañía también alertó sobre riesgos en Porce II y Porce III, donde identificó 26 socavones, una draga y dos campamentos con cerca de 124 personas vinculadas a actividades de minería ilegal. EPM advirtió que en esos territorios hay presencia del frente 36, el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo, sin atribuir de manera exclusiva las excavaciones a una de esas estructuras.