Accidentes de tránsito en rutas escolares dejaron un saldo de 10 muertos en el primer semestre del 2022

Por medio de un registro, la Defensoría del Pueblo reveló las alarmantes cifras sobre accidentes de tránsito en las que se han visto involucradas rutas escolares, que dejaron 10 niños y niñas muertos.

Asimismo, la Defensoría señala que las lesiones fatales por estos accidentes de tránsito es una de las cifras más alta en accidentalidad de niños entre los 0 y 17 años de edad en Colombia.

La entidad indicó que durante el primero semestre del 2022, se registraron 15 siniestros viales de vehículos destinados al transporte escolar que sumaron 70 heridos y 10 niñas y niños muertos.

En cuánto a las muertes ocasionadas por accidedntes de tránsito, el informe detalla que se presentaron 273 casos reportados. Por su parte, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, alertó a la comunidad por el alto riesgo de vulneración de los derechos de los menores que se movilizan en rutas, las cuales no cumplen los estándares de seguridad.

De acuerdo con Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se registraron 1.228 lesiones no fatales por eventos de tránsito de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, con corte a julio de 2022. Lo que en el 2021 fueron 655, es decir, 84% más de las registradas para el mismo período.

Con respecto a las quejas relacionadas con la movilización de niños, niñas y adolescentes en vehículos para el transporte escolar no autorizados, la entidad agregó que, “En La Guajira, por ejemplo, algunos estudiantes son transportados en automotores de carga con carrocería, sin cumplir con las previsiones legales y poniendo en riesgo su vida e integridad física”, sostuvo la Defensoría.

En este sentido, la entidad mencionó información de la Secretaría de Movilidad de Bogotá en la que sacó un promedio de siete rutas escolares son sancionadas diariamente. Lo anterior por no cumplir con los requisitos estipulados en el Decreto 431 del 2017, que dicta el tiempo de uso de los vehículos, como también la reglamentación en la suscripción de contratos para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.

Es por esta razón, la Defensoría destacó que es deber de las autoridades verificar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, además de la documentación requerida y los cupos reglamentados para cada automotor, con el fin de garantizar la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

De igual manera, el defensor del Pueblo aseveró que la prestación del servicio de transporte escolar solo debe prestarse por empresas habilitadas en la movilidad de transporte terrestre especial, de acuerdo con lo reglamentado en el Decreto 1079 de 2015.

Finalmente, Carlos Camargo explicó que el servicio de transporte escolar de niños, niñas y adolescentes a las instituciones educativas debe contribuir a la permanencia y acceso a la educación, así como el goce efectivo de los derechos que deben prevalecer y requieren del concurso y concurrencia del Estado, la sociedad y la familia.

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