El IDRD sancionará a Sencia por presuntos incumplimientos en el cuidado de la gramilla de El Campín: “El fútbol es la prioridad”

El 23 de octubre de 2026, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD) confirmó que abrió un procedimiento administrativo sancionatorio contra Sencia S.A.S., concesionaria del estadio Nemesio Camacho El Campín, para determinar un presunto incumplimiento contractual vinculado con el estado de la gramilla.

La actuación anunciada por el organismo, podría terminar en una multa, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre responsabilidades ni un monto fijado.

Es importante detallar que Sencia fue citada a una audiencia pública el 29 de octubre, a las 9:00 a. m. (hora de Colombia), para presentar descargos y ejercer su derecho de defensa y contradicción. El trámite se regirá por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

La decisión se basa en un informe de presunto incumplimiento enviado por la interventoría del contrato de concesión. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte busca establecer si Sencia cumplió las condiciones pactadas para administrar, operar y mantener el escenario deportivo.

El proceso sancionatorio no implica que la multa ya haya sido impuesta. Antes de cualquier determinación, la entidad deberá valorar los soportes del caso y concluir la actuación administrativa.

Además, el IDRD informó que continuará con las labores de vigilancia técnica y contractual para establecer si se cumplieron las obligaciones pactadas en el modelo de Asociación Público Privada (APP):

“El Instituto reitera que la administración, operación y mantenimiento del estadio son responsabilidad de Sencia y que, en ejercicio de sus competencias de vigilancia y control contractual a través de la interventoría, continuará adelantando las actuaciones necesarias para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y adoptar las decisiones que correspondan”, dijeron.

Además detallaron que se realizará el concierto del artista urbano Ryan Castro en el Campín, programado para el 31 de octubre de 2026, bajo la inspección del organismo distrital de la cancha:

“De manera complementaria, el IDRD reforzó el 20 de octubre las exigencias de seguimiento a la interventoría ante el concierto programado para el próximo 31 de octubre, con el fin de verificar las condiciones del escenario antes, durante y después del evento, así como las medidas de protección, recuperación y contingencia que debe implementar el concesionario. El fútbol es la prioridad de El Campín. Por ello, el IDRD mantendrá el seguimiento técnico y contractual para proteger la seguridad de los futbolistas, garantizar condiciones adecuadas para los encuentros deportivos y defender los intereses de Bogotá”, dijeron.

La fuerte denuncia de Blanca Inés Durán, exdirectora del IDRD sobre el límite de partidos que se podían hacer en el Campín

La exdirectora del IDRD, Blanca Inés Durán, defendió la Asociación Público-Privada (APP) del Campín y atribuyó el deterioro de la grama a fallas de supervisión y control, no al contrato que prevé reemplazar el actual estadio y desarrollar nuevas obras en el sector.

La iniciativa privada compromete una inversión estimada de 2,4 billones de pesos. A cambio, Sencia S.A.S. podrá explotar económicamente el área, mientras deberá construir un nuevo estadio, espacios públicos, ciclovías, un auditorio con acústica sinfónica, un espacio exclusivo para la Orquesta Filarmónica y oficinas para el IDRD.

Durán sostuvo que ese espacio para la orquesta fue calificado como un “mito urbano” por el actual director. Su postura fue publicada en una columna de El Espectador, donde afirmó haber participado en el análisis y la aprobación del modelo.

La exfuncionaria explicó que, tras su salida del IDRD en enero de 2024, la nueva dirección demoró cerca de cinco meses en firmar el contrato con Sencia y casi otros cinco en suscribir el acta de inicio. Según planteó, esas demoras modificaron el cronograma de entrega previsto para 2027.

El concesionario pidió en julio de 2025 construir el nuevo estadio en el área del Campincito, en vez de hacerlo por etapas sobre la estructura actual. La preconstrucción se extendió cuatro meses y la construcción dos, mientras que el acta de inicio de obra se firmó casi siete meses después del plazo ampliado.

Esa secuencia, según Durán, dio al operador cerca de 11 meses adicionales frente al cronograma original para realizar eventos en el estadio vigente. La exdirectora comparó la posibilidad de terminar la APP por el estado del césped con “vender el sofá para acabar con la infidelidad”.

El modelo de Asociación Público-Privada, argumentó, permite que un privado financie y ejecute proyectos cuando el Estado no cuenta con recursos suficientes. Para Durán, esa alternativa resulta especialmente útil en el deporte, un sector que, afirmó, recibe escasa asignación presupuestaria.

De cuatro conciertos anuales a una agenda de hasta 19

El estadio se regía durante su administración por un estudio de la Universidad Distrital que establecía un máximo de cuatro conciertos al año para permitir la recuperación de la grama. La programación posterior, afirmó, osciló entre 12 y 19 espectáculos anuales.

Sencia informó que en 2025 se realizaron 19 conciertos, mientras que para 2026 había al menos 12 previstos, entre ellos presentaciones de BTS y Karol G. Durán sostuvo que, con esa frecuencia, el césped no dispone del tiempo necesario para recuperarse.

La interventoría recomendó por escrito el 11 de febrero de 2026 crear un indicador específico para controlar el estado de la grama del Campín. Esa recomendación fue emitida ocho meses antes del concierto de BTS, de acuerdo con la columna.

La empresa Equiver anunció en abril de 2025 la instalación de un césped híbrido que, según Durán, se deterioraría con menor rapidez. La exdirectora cuestionó que la solución más rápida para reparar la superficie hubiera sido trasladar grama desde las canchas del parque La Florida, una situación que, indicó, fue denunciada por un concejal.

Durán cuestionó que el actual director del IDRD atribuya la responsabilidad a Sencia, a la interventoría o a administraciones anteriores. A su juicio, quien ordena el gasto debe supervisar y controlar los contratos que firma, y la falta de actuación podría configurar un prevaricato por omisión.