Exfuncionario de la alcaldía de Gustavo Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, a punto de ir a prisión

El también exalcalde de Ibagué suscribió un contrato para el alumbrado público de Navidad de su primer año de gobierno en la capital del Tolima, que el ente acusador sostiene se firmó de manera irregular por 1.700 millones de pesos

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Guillermo Alfonso Jaramillo
Guillermo Alfonso Jaramillo

Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue secretario de Gobierno y de Salud durante la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, así como alcalde de Ibagué entre 2016 y 2019, podría ir a la cárcel de ser hallado responsable de direccionar un contrato para el alumbrado navideño de la ciudad musical.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación solicitó condenar, ordenar la captura y enviar a prisión a Jaramillo, porque cuenta con material probatorio suficiente para demostrar, presuntamente, que cometió el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

“Consecuencia de ello, una vez se emita el sentido del fallo, pido que se ordene la captura inmediata del citado, en la medida que la conducta no es susceptible de subrogados o beneficios legales por tratarse de una conducta dolosa que atenta contra la administración Pública dada la naturaleza, la gravedad y la modalidad en esta clase de delitos”, señaló la Fiscalía durante la audiencia, según citó El Tiempo.

La audiencia se encuentra en los alegatos de conclusión, hace falta que la defensa presente sus argumentos, para que una vez terminadas las intervenciones, el juez Quinto Penal del Circuito lea el fallo a favor o en contra del exmandatario por la suscripción del contrato.

El alumbrado navideño del 2016

En su primer año de gobierno en Ibagué, Alfonso Jaramillo firmó el contrato 1918 del 11 de noviembre de 2016 para la iluminación de la carrera 5ta, principal avenida de Ibagué, y los principales parques de la ciudad como Centenario, Andrés López de Galarza y Manuel Murillo Toro.

Se trataba de un contrato por casi 1.700 millones que le fue adjudicado a Corporación Festival Folclórico Colombiano que según los testimonios recogidos por la Fiscalía, nunca había realizado ese tipo de contratos y tenía experiencia principalmente en la realización de eventos culturales, más no novenas y alumbrados. Incluso, al certificar la experiencia, adjuntó documentos que no tenían que ver con el objeto de este millonario convenio.

Por esa razón, la empresa terminó subcontratando otras compañías de Bogotá que fueron las que realizaron efectivamente el contrato, al parecer con la anuencia del alcalde Jaramillo, de acuerdo con el ente acusador. “La Alcaldía de Ibagué contaba con el tiempo para haber adelantado un proceso de selección llamado licitación, pero no lo hicieron porque su interés era otorgárselo a un tercero y por eso se acudió a la Corporación Festival Folclórico Colombiano donde, sin ningún reparo y a sabiendas que no tenían cómo poder cumplir con todos los objetivos y actividades, se suscribió el convenio 1918 de 2016″, citó el diario El Olfato de la declaración del ente acusador.

Otro de los aspectos con los que la Fiscalía sostiene que no se dio cumplimiento a los requisitos legales para suscribir el contrato es la disponibilidad presupuestal de la empresa seleccionada para el convenio no era suficiente. Para los casi 1.700 millones del contrato, apenas contaba con un capital de 62 millones de pesos declarados el año anterior, con deudas por pagar a corto plazo de 66 millones. Lo que indicaría que estaba en quiebra.

Para el entre acusador, Jaramillo Martínez conocía a profundidad el convenio que estaba firmando, el tipo de modalidad contractual, además como cada aspecto del proceso porque había delegado una persona de su entera confianza para realizarlo. Pero también, presuntamente, habría tenido conocimiento de la selección de las empresas subcontratistas que resultaron beneficiadas en el proceso.

La Procuraduría, por su parte, aunque ya sancionó a Jaramillo por esta actuación, solicitó fallo absolutorio, de acuerdo con El Tiempo, por considerar que no existen pruebas para comprobar las irregularidades. Así como que el contrato sí tenía una finalidad cultural y se trató de un convenio de cooperación.

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