Comerciantes de un tradicional mercado de Medellín habrían lavado dinero para el clan del Golfo

Las autoridades le siguen la pista a las redes de lavado de uno de los grupos narcotraficantes más poderosos del país que se ocultarían en comercios tradicionales de las principales ciudades

Otoniel, líder del Clan del Golfo (Colaboradores Presidencia)
Otoniel, líder del Clan del Golfo (Colaboradores Presidencia)

Uno de los pasos fundamentales para el narcotráfico es el lavado del dinero que reciben, poder ingresarlo al país y utilizarlo. Para hacerlo, establecen complejas redes de colaboradores y cómplices, con fachada de legalidad; en el caso del Clan del Golfo, incluso en sectores populares y reconocidos tras los cuales buscan mover sus finanzas.

Desde hace varios años, las autoridades le siguen la pista a los dineros de ese grupo criminal, que los ha llevado a un viejo conocido. Los sectores de San Andresitos en Bogotá y otras ciudades, como el reconocido sector de El Hueco en Medellín, según conoció el diario El Espectador de un expediente judicial en el que posiblemente estaría una importante recopilación de información del andamiaje criminal.

El Hueco fue mencionado en la pasada campaña presidencial porque fue uno de los pocos lugares de los que Gustavo Petro, ahora presidente, salió abucheado. Pero la relación con el actual gobierno parece una repetición de la historia. En ese sector también se encontraba el Parqueadero Padilla, donde funcionaba una oficina en la que se llevaba organizadamente la financiación paramilitar a mediados de 1990. Esa investigación fue liderada por el entonces fiscal regional de Antioquia, Iván Velásquez, quien ahora es el ministro de Defensa.

Es un importante sector comercial de la capital antioqueña, popular, en donde conviven las economías informales, personas honestas, pero también complejas redes de bandas criminales como en su momento la Oficina de Envigado y ahora el Clan del Golfo.

La red de lavado de activos sería liderada por Juan Pablo Vásquez Giraldo, conocido con el alias de Matías, según una investigación de El Colombiano en 2018, quien se encargaba de mantener el direccionamiento de los dineros a empresas fachada con diferentes razones sociales, entre ellas expendio de bebidas, para movilizar el dinero. Además, sería el encargado de las compras de armamento y lujos para los miembros del Clan.

Se señala que el hermano de Matías, de nombre Ómar Alberto, también estaría involucrado en la red. Este era socio de alias El Indio, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, que había pertenecido a los Urabeños, pero que murió en un operativo en el 2018, señaló el diario.

José Delio Pineda Gómez, alias “Carra” un hombre de 50 años que es reconocido en esos sectores comerciales y tenía la labor de mantener el contacto con las casas de cambio para realizar el trapazo de divisas sin ingresar el dinero al sistema financiero nacional.

Según el expediente citado por El Espectador, hay varias modalidades de lavado, como la transferencia de mercancías entre las empresas fachadas en Medellín y Bogotá, O el ingreso de mercancías de contrabando desde Panamá, que luego es comercializado en el país.

Por ejemplo, en agosto de 2017, las autoridades realizaron un mega operativo en contra del lavado de activos en el que realizaron 32 allanamientos y capturaron a 18 personas. Allí se identificaron 10 empresas de bebidas y tabaco que funcionaban con los dineros del narcotráfico.

Algunas funcionaban como proveedoras de otras, así como centros de acopio de dinero y mercancías, tanto en El Hueco en los centros comerciales de Tenerife Cúcuta y Guayaquil; como bodegas de San Andresito de San José en Bogotá, la galería Acuaries o la Central Mayorista.

Urabá Todo Bebidas SAS (Turbo, Antioquia), Sociedad Big SAS (Montería, Córdoba), Comercializadora Disura Primero SAS (Turbo, Antioquia), Bebidas y Mercadeo SAS (Apartadó, Antioquia), Logitransportes OMI (Apartadó, Antioquia), señaló El Espectador como empresas fachada identificadas en el expediente judicial. Esa información les permitió a las autoridades comprender por qué algunas eran víctimas de amenazas y presiones por parte del grupo armado, mientras que otras no.

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