Fiscalía da golpe a estructura de trata de personas señalada de explotar sexualmente a mujeres colombianas

Las víctimas eran engañadas con falsas ofertas de trabajo en Europa. Mientras ellas viajaban y eran sometidas a actividades sexuales, en Colombia, sus familias recibían amenazas de la estructura criminal Los Pachelly

La Fiscalía le imputó a los capturados el delito de trata de personas. Los procesados no aceptaron el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, recibieron medidas privativas de la libertad.
La Fiscalía le imputó a los capturados el delito de trata de personas. Los procesados no aceptaron el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, recibieron medidas privativas de la libertad.

En la tarde de este jueves 26 de mayo la Fiscalía General de la Nación anunció que puso en evidencia a una red de trata de personas señalada de explotar sexualmente con fines comerciales a jóvenes colombianas en España. Las operaciones habrían sido encabezadas por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, en trabajo articulado con la DIJIN de la Policía Nacional y la Guardia Civil Española.

Entre el material probatorio entregado por el ente investigador se puede indicar que esta estructura, al parecer, contactaba a mujeres en varios municipios de Antioquia y les ofrecían falsas ofertas de trabajo en España, para luego abusar y explotar de ellas. La red criminal convencía a las víctimas de viajar al país europeo, además, les aseguraban que las iban a ayudar en la obtención de los papales de trabajo, costos de tiquetes aéreos y apoyo para su manutención.

Una vez en España, más precisamente en Santiago de Compostela y Talavera, otras personas de la banda criminal les retenían los documentos y las obligaban a someterse a actos sexuales para cubrir los gastos de estadía y pagar los dineros que les facilitaron para salir de Colombia.

En la investigación adelantada por la Fiscalía, la entidad asegura que las mujeres víctimas eran sometidas a tratos denigrantes y vejámenes por parte de sus reclutadores, quienes las agredían físicamente cuando no accedían a sus propósitos sexuales.

De igual forma, se estableció que los familiares de algunas jóvenes recibieron amenazas de muerte por parte de integrantes del grupo criminal Los Pachelly, que opera en el municipio de Bello y en varias subregiones de Antioquia y que se dedica al hurto calificado y agravado, secuestro simple, secuestro extorsivo, desplazamiento forzado, extorsión agravada y tráfico de estupefacientes. “De esta manera ejercían presión sobre las jóvenes en España e impedían que escaparan”, señala el ente investigador en su boletín 44293.

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Tres de los presuntos articuladores de la organización fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento realizadas en Bello (Antioquia). De otra parte, cuatro de los supuestos enlaces en Europa, tres colombianos y un ciudadano español, fueron detenidos en Santiago de Compostela y Plasencia (España).

En Colombia fue capturado el señalado cabecilla, Miguel Antonio Giraldo Betancur, alias Antonio, quien sería el responsable de contactar y captar a las mujeres con las ofertas laborales. También fueron detenidos Óscar Darío Orozco Ramírez y Lina María Ortega Echeverri, presuntos responsables de organizar los viajes y agilizar los trámites para facilitar los traslados de las víctimas.

La Fiscalía le imputó a los capturados el delito de trata de personas. Los procesados no aceptaron el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, recibieron medidas privativas de la libertad. Giraldo Betancur fue enviado a establecimiento carcelario; mientras que Orozco Ramírez y Lina María Ortega Echeverri deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.

Desde de 2013 hasta 2021, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, en Colombia se han registrado 686 casos de trata de personas, de los cuales el 82 % corresponde a mujeres y el 18% a hombres. Además, el promedio de edad de las víctimas oscila entre los 18 y 30 años (55 %), seguido de personas entre los 31 y 50 años (22 %) y, por último, se presentan los niños, niñas y adolescentes (12 %).

A través de la ley 985 de 2005, las autoridades colombianas establecieron que las personas que cometan el delito de trata de personas tendrán una pena de 13 a 23 años de prisión y una multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En dicha ley también se determinaron las medidas para fortalecer la lucha contra este delito, entre las que se incluyen las relacionadas con la atención y protección de las víctimas.

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