Emilio Tapia demandará a Rodolfo Hernández por injuria y calumnia: aseguró que el aspirante presidencial le ofreció contratos en su alcaldía “a cambio de millonarias comisiones”

El contratista, preso por el escándalo de los 70 mil millones con Centros Poblados, dijo que el candidato a la Presidencia no tiene las “bases morales” de señalarlo por corrupción

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Emilio Tapia anunció denuncia contra Rodolfo Hernández. Fotos: Colprensa.
Emilio Tapia anunció denuncia contra Rodolfo Hernández. Fotos: Colprensa.

Otra polémica se suma al candidato presidencial Rodolfo Hernández, luego de que durante la mañana de este viernes 27 de mayo el contratista condenado y preso por corrupción, Emilio Tapia, anunció que denunciará por varios delitos al aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Tapia, por su parte, se encuentra recluido en una penitenciaría colombiana por el contrato de los 70 mil millones de pesos que embolató el Ministerio de las TIC del Gobierno. En su texto, que fue difundido por sus abogados, asegura que Hernández lo difama y lo injuria al llamarlo públicamente corrupto.

Sin embargo, las acusaciones del polémico contratista contra uno de los aspirantes por suceder a Iván Duque no pararon ahí, dado que en su comunicado también señala a Hernández de haber cometido varios actos de corrupción cuando fue alcalde de Bucaramanga. Inclusive, dice que le ofreció a él hacer parte de esas triquiñuelas mediante unos supuestos “emisarios” que fueron hasta su despacho y le ofrecieron presuntas dadivas.

“Rodolfo Hernández carece de bases morales para señalarlo por actos de corrupción, cuando él mismo está siendo procesado por ese tipo de conductas, de las que tiene conocimiento directo y personal, pues fue contactado por emisarios de aquél para que participara indebidamente en procesos contractuales de su administración a cambio de millonarias comisiones; propuesta que, por no ser de su interés, rechazó de inmediato”, se lee en el comunicado de Tapia, difundido por varios medios del país.

Es más, la defensa de Tapia señala que este buscará limpiar su nombre y no dejará que, supuestamente, el exmandatario santandereano saque provecho de polémicas mediáticas para impulsarse en las elecciones presidenciales del próximo domingo 29 de mayo. “Manifestó que no permitirá que su nombre se utilice como instrumento populista y mediático para las pretensiones electorales del cuestionado político, retándolo a demostrar ante las autoridades competentes, con soportes reales y concretos, la solidez de sus señalamientos”, argumentaron los abogados.

Las graves acusaciones contra el postulante a la Presidencia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción podrían ser probadas por el equipo de Tapia, que asegura tiene todo el material que incriminaría a quien hoy está de tercero en intención de voto para la Presidencia de Colombia.

“La solidez de sus señalamientos; que, por demás, son contradictorios con las irregularidades e indebidas maneras de las que es referente su administración como mandatario de los bumangueses, por las cuales deberá comparecer a juicio como presunto responsable de delitos contra la administración pública”, dice el comunicado del controvertido contratista que también habría estado involucrado en el desfalco a Bogotá con la llamada nulepolítica.

Para Tapia, el candidato Hernández no tiene lo que llamó las “bases morales” para hacerle ese tipo de cuestionamientos y hasta le recordó el escándalo de Vitalogic, en el que el exalcalde de los bumangueses habría ayudado a que su administración le diera un contrato a la citada empresa. “Él mismo está siendo procesado por ese tipo de conductas, de las que tiene conocimiento directo y personal”, agregó, no sin antes recordarle a Hernández la sanción que un juzgado emitió esta semana sobre los cinco días de arresto o multa económica que debería saldar.

Dicha multa se estipula por el desacato al mandato de pedir las debidas excusas al exalcalde de Floridablanca, Héctor Guillermo Mantilla Rueda, por los comentarios hechos en su contra, las cuales debieron hacerse en las siguientes 48 horas después del fallo. Ante eso, la juez procedió a conmutar los días de prisión en el pago de 5 salarios mínimos legales vigentes, es decir 5 millones de pesos, más un monto igual por sanciones pecuniarias impuestas a favor del Consejo Superior de la Judicatura.

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