
Richard Aguilar, exsenador y exgobernador de Santander, podría quedar en libertad pronto por vencimiento de términos del proceso de investigación que se lleva en su contra por presuntamente haber incurrido en corrupción. Se indicó que hasta el próximo 6 de junio se puede adelantar la audiencia de juicio oral al señalado.
A pesar de esta especulación, Iván Cancino, su abogado, asegura que no se ha elevado la petición de la libertad de su cliente, sin embargo, no descarta que puedan hacerlo.
“No la hemos estudiado todavía, no hay una solicitud por parte de la defensa. Obviamente no se descarta pero de momento no hemos solicitado ninguna audiencia en ese sentido”, dijo el abogado Iván Cancino, en testimonios rescatados por Caracol Radio.
Aguilar fue detenido por las autoridades en el 2021, cuando se vinculó con las irregularidades cometidas en seis contratos, entre ellos, el reforzamiento estructural del estadio de fútbol y del Coliseo Vicente Días Romero, el mejoramiento del Corredor Agroforestal y Energético, y la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE). El estadio Alfonso López, por ejemplo, tuvo un valor de 22 mil millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación decidió acusar formalmente ante la Corte Suprema de Justicia al exgobernador al argumentar que habría “constituido una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos y familiares”. “Los aspirantes aseguran que el senador Aguilar se interesó indebidamente en la celebración de varios contratos de obra del departamento en provecho propio y contratistas con los que, siguiendo instrucciones, Lenin Pardo y Julián Jaramillo, funcionarios de la Gobernación, se habían reunido previamente y acordado los porcentajes que le corresponderían a cada uno de los involucrados, entre ellos, el senador Richard Aguilar”, destacó la Fiscalía en testimonios para Vanguardia.
En estos delitos se vieron involucrados también la exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo, y su esposo Lenin Pardo, quien ahora sirven como testigos en la investigación. Edgar Báez, Ana Wandurraga y Sergio Pitta, otros exfuncionarios de la Gobernación de Santander, fueron imputados por peculado por apropiación y prevaricato el 18 de mayo, sin embargo, no aceptaron los cargos.
“Se hace precisamente una puntualización de los contratos. Del bloque de contratos que concretaron el acuerdo ilegal para direccional la contratación, que son seis contratos en total, cuatro de ellos que se adjudicaron, como el del PAE, y dos de ellos por los que se acusa de interés indebido que no se lograron adjudicar, pero que se direccionaron”, dijo la fiscal Mónica Jiménez durante la audiencia en contra de Aguilar ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en febrero de este año.
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