Preocupante panorama de derechos humanos en Colombia presentó Amnistía Internacional

asegura el informe presentado por Amnistía Internacional.

Agrega que los homicidios y amenazas contra los defensores de derechos humanos, se han incrementado, principalmente a líderes sociales y población afrodescendiente las cuales, también, son víctimas de desplazamiento.

La organización asegura que “desde una perspectiva de derechos humanos, 2021 fue en gran medida una historia de traición e hipocresía en las estancias del poder. Aun así, se mantuvo viva la esperanza de un mundo mejor tras la pandemia gracias a la valentía de personas, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil”, cabe resaltar que, aunque hace una valoración del continente americano y el mundo entero, delimita por países las situaciones y condiciones que se vivieron el año pasado.

El informe explica que los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, en el marco del “prolongado conflicto armado”, aumentaron en los departamentos del Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander.

Aseguran que 100 mil personas fueron desplazadas forzosamente durante el 2021 y puntualiza que en el marco del Paro Nacional hubo múltiples denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, especialmente en Cali.

Amnistía Internacional reseña las estadísticas presentadas por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, donde señalan la perfilación de personas que denunciaron, en redes sociales, la “violencia policial durante el Paro Nacional”, según los datos, la inteligencia militar “perfiló al menos 57 periodistas”, obteniendo datos de su ubicación y actividad en redes sociales.

El informe asegura que según la Campaña Defender la libertad, 3.275 personas fueron detenidas “arbitrariamente” entre el 28 de abril y 30 de junio. Cuentan el caso de Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía los cuales “fueron golpeados y detenidos por civiles armados, y posteriormente permanecieron 24 horas bajo custodia de la Policía Nacional en Cali. Álvaro Herrera y Sebastián Mejía denunciaron que habían sido sometidos a tortura y otros tratos crueles e inhumanos durante la detención”.

Otro de los puntos que alerta Amnistía Internacional es sobre la impunidad, se refiere a los casos donde la JEP les imputó cargos a 8 miembros del antiguo secretariado de las FARC, por crímenes de guerra y lesa humanidad.

También, en la imputación a 25 exmilitares que están relacionados con 127 ejecuciones extrajudiciales en la región del Catatumbo, cometidas entre los años 2002 y 2003, además de otras 120 que presuntamente ocurrieron entre el 2007 y 2008. Dichas “bajas”, fueron presentadas como falsos positivos.

El último caso al que llama especial atención, para que no quede en la impunidad es el de Dilan Cruz, proceso que fue trasladado por parte de la Corte Constitucional de los tribunales militares a la justicia ordinaria.

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