Comisión humanitaria que visitó Putumayo asegura que la operación de Ejercito podría tratarse de un falso positivo

Después del operativo del pasado 28 de marzo, en zona rural de Puerto Leguízamo en el departamento de Putumayo, han surgido distintas especulaciones ante el proceder del Ejército Nacional en esta acción ofensiva. Ante este hecho, una comisión humanitaria que asistió al lugar, sospecharía que hay fuertes indicios de que esta acción bélica, esté relacionada con un falso positivo militar, pues tanto la previa inteligencia como la incursión en el sitio, tuvieron premeditación, y las versiones de los pobladores demuestran irregularidades no expuestas por las mismas autoridades a la hora de justificar toda la operación, pues en este caso, el principal amparo del ministerio de Defensa, es que buscaban dar un fuerte golpe a las estructuras armadas de la denominada Segunda Marquetalia.

Según pudo establecer Noticias Uno, la primera comisión de derechos humanos que llegó al lugar de los hechos para realizar la recopilación de datos, recibió testimonios de la comunidad que indicaron que posterior al asalto armado, algunos militares dejaron al lado del cuerpo de uno de los occisos un fusil y un chaleco, para tomar varias fotos que sirvieran de evidencia, además de esto, es importante tener en cuenta que tras el ataque, varios afectados demostraron una alta preocupación en relación a la presencia de hombres vestidos de negro, que habrían atentado presuntamente en el lugar, bajo la complicidad del Ejército, tal como lo señaló Cuestión Pública el pasado 30 de abril, en donde fuentes le habrían confirmado que el encapuchados fueron quienes perpetuaron el acto violento.

En este hecho, de los 11 cuerpos identificados 7 pertenecerían a la comunidad de la vereda El Remanso de la jurisdicción de Puerto Leguízamo.

La Coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Yuri Quintero, explicó que surgen dudas por la manera cómo se aborda a la comunidad, puesto que esta fue rodeada y señalada directamente de pertenecer a un grupo armado ilegal por parte del Estado, situación que evidencia las ansias de justificación de este operativo.

Respecto a su análisis, Quintero señaló: “que hayan rodeado a la gente, que la hayan ultrajado, que la estén señalando toda de ser parte de un grupo armado; todo eso son indicios de un crimen de Estado, de un falso positivo”.

La comisión verificadora habría consultado a algunos militares que operan en la zona, y a pesar de no identificarse, señalaron que este tipo de operativos se realizan con el riesgo de que hayan efectos secundarios, pues a pesar de que el principal objetivo es la insurgencia en este caso alias ‘Bruno’, la incursión podría desencadenar otro tipo de afectaciones, no obstante, por la magnitud de este hecho surgen distintas dudas ante la inteligencia prevista, pues fueron varias las víctimas que dejó el operativo, además que la información obtenida por Noticias Caracol, revela que horas antes del ataque, habían niños en el lugar.

Diana Sánchez, Directora de la Organización Minga y Vocera Plataforma Colombia - Europa - EE.UU, explicó que, el Ejército buscaba manipular esta información mediante un amparo jurídico, pues en este caso, señalaba que toda la población inmiscuida en el lugar, tenía que ver con el delito y se consideraba como objetivo militar, pues según la información del ministerio de Defensa, los abatidos pertenecían directamente al grupo armado Segunda Marquetalia y no eran campesinos como lo señalan distintos versiones, señalando: “el Ejército está tratando de darle vuelta y crear una manipulación jurídica del DIH-Derecho Internacional Humanitario, para justificar lo que pasó, para decir que toda la población que estaba ahí era narco-cocalera, toda guerrillera y había que matarla”.

Uno de los datos que más causa suspicacia en la comisión, es el registro de la muerte del Presidente de la Junta de Acción Comunal, según señaló Yuri Quintero, todo indicaría a que este trato de esconderse al escuchar los disparos, sin embargo, posterior a esto, recibe un disparo en la cabeza y fue identificado como uno de los malhechores pertenecientes al grupo ilegal. Además, algunas versiones apuntan a que los cuerpos tendidos en el suelo, fueron manipulados y disfrazados de guerrilleros para justificar el ataque, tal como sucedió con el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche. La Directora de la Organización Minga, Diana Sánchez, explicó la situación: “es como al gobernador, les toman fotos ya en en suelo, muertos, les ponen un chaleco y un fusil al lado, pues ahí ya hay manipulación para pasarlos por guerrilleros”.

De igual forma, por parte de la comisión, hay rechazo en torno al proceso de recopilación de testimonios por parte de la Fiscalía, pues esta, habría cuestionado los habitantes de la zona sobre los hechos en presencia de militares, este hecho podría considerarse cómo intimidatorio, pues era complejo que la comunidad denunciara con completa tranquilidad todo lo sucedido.

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