Condenan a cuatro personas por usar dinero de la salud para campaña política en La Guajira

Un juez penal del circuito de Riohacha condenó a cuatro personas en La Guajira por el delito de peculado por apropiación en favor de tercero. El caso tiene que ver con un hecho de corrupción que investigó la Fiscalía General de la Nación en el departamento, donde habrían usado el dinero destino a atender un programa de salud en una campaña política.

El acto de corrupción se realizaría en 2011, luego de la celebración de un contrato entre la Alcaldía de Albania, en La Guajira, y el Hospital San Rafaeal. En el acuerdo de 18.900 millones de pesos se pretendía desarrollar un programa de salud para evitar la mortalidad de niños y madres gestantes.

La Fiscalía explicó que “el centro asistencial no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con las obligaciones contractuales”. Por esa razón, hallaron que 10 profesionales de distintas áreas fueron subcontratados para dar la apariencia de desarrollar el proyecto de salud.

“Estas personas se dedicaron a vincular mediante contratos fachada a 1.459 ciudadanos para que realizaran las consultas, tratamientos y valoraciones, al igual que las visitas de campo a las comunidades afectadas por falta de alimento, agua y medicamentos”, se lee en el comunicado entregado por la Fiscalía.

En el material de prueba recolectado por el ente investigador se evidenció que los beneficiarios de los múltiples contratos debían cumplir tres requisitos: tener inscrita la cédula de ciudadanía para votar en Albania, ser seguidores de la candidata a la gobernación del momento y aceptar un pago menor al establecido en las órdenes de prestación de servicios.

La indagación de la Fiscalía determinó que “la mayoría de las personas no cumplió actividad alguna, pero cobraron sus honorarios a través de cheques”. Asimismo, los dineros fueron cambiados por efectivo y, posteriormente, guardados en bolsas de basura y entregados a la campaña de la entonces aspirante a la Gobernación de La Guajira.

Los hechos fueron aceptados mediante preacuerdos con el ente investigador por cuatro profesionales que sivieron de intermediarios para desviar los recursos públicos de la salud de La Guajira. Por ese motivo, un juez penal del circuito los declaró responsables del delito anteriormente mencionado. Los sentenciados son:

- Glenis Josefina Ojeda Rivadeneira, quien firmó seis contratos para el subprograma de lactancia por valor de 1.130 millones de pesos y dispuso de la contratación de 133 personas.

- Emel Antonio Rodríguez Amaya, señalado de contratar 672 personas para el subprograma de salud mental por un valor superior a 1.230 millones de pesos.

- Mayerlis Soto Carrillo, involucrada en la celebración de seis contratos con el Hospital de Albania por 1.269 millones de pesos. A su vez, subcontrató a 244 ciudadanos.

- Yira Patricia Montaño Manjarrez, quien contrató 244 personas y cobró 1.203 millones de pesos.

La Fiscalía señaló que los profesionales recibieron penas de cuatro años de prisión, a excepción de Glenis Josefina Ojeda Rivadeneira, quien fue condenada a cinco años y 10 meses en la cárcel.

Cabe recordar que este hecho de corrupción afecta la situación social del departamento. Un informe de 2022 de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), señala que “las poblaciones indígenas de Colombia padecen niveles desproporcionados de pobreza que les impiden ejercer sus derechos sociales y económicos. En 2021, al menos 32 niños y niñas de menos de cinco años — en su mayoría de comunidades indígenas wayuus — murieron en el departamento de La Guajira”.

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