Personería de Bogotá pide garantizar el derecho al voto de los detenidos

La Personería de Bogotá hizo un llamado a la Policía nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil para que las personas privadas de la libertad, pero que aún no han sido condenados penalmente, puedan votar durante los próximos comicios que vivirá el país en 2022.

Ricardo Medina, delegado para la coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos, de la Personería de Bogotá aseguró que los detenidos tienen derechos políticos mientras no hayan sido condenados y su pena no restrinja el ejercicio del voto. “En los diferentes centros penitenciarios y carcelarios se instalan mesas por parte de la Registraduría para que puedan votar, las estaciones de policía y las URI no pueden ser una excepción”, recordó el funcionario.

La solicitud de la Personería fue expuesta en una mesa de trabajo el pasado 18 de febrero, en la que participaron funcionarios de la Registraduría y la Policía nacional. La entidad les recordó que en Bogotá hay cerca de 3.000 personas privadas de la libertad que están siendo investigadas, mas algunas no cuentan con una condena, por lo que aún conservan sus derechos políticos.

“En las estaciones de policía donde hay más del 75 u 80 % de las personas investigadas con medida de aseguramiento, pero no condenadas deben respetárseles estos derechos”, enfatizó Medina. Las cifras de las Personería también indican que hay alrededor de 438 personas condenadas en estos espacios que han perdido el derecho al voto.

Cabe recordar que los detenidos se encuentran retenidos en calidad de imputados en la Cárcel Distrital de Varones y Anexos de Mujeres, así como en el Centro Especial de Reclusión y en las diferentes estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bogotá.

Durante el encuentro, la Personería volvió a hacer un llamado para que se agilice la descongestión de las estaciones de policía y de las URI. Actualmente, hay un sobrecupo del 300 % y, según la entidad, los amotinamientos que se han registrado están relacionados con las condiciones de hacinamiento que viven los detenidos.

De hecho, el pasado 18 de febrero, delegados para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos visitaron las estaciones de policía de las localidades de Santa Fe, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño, para verificar las condiciones de hacinamiento. La Personería aseguró que el proceso se realizó para “atender solicitudes y dejar recomendaciones en lo referente a la atención en salud y alimentación”.

Alcaldesa de Bogotá pide al Gobierno nacional construir centros de reclusión temporales

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió el pasado 17 de febrero al Gobierno nacional que estudie la propuesta de Asocapitales para que se construyan centros de reclusión temporales para así atender la problemática de hacinamiento en la ciudad y en Colombia.

“El año pasado este problema lo planteamos con absoluta claridad desde Asocapitales e hicimos una propuesta muy concreta: hacer centros de reclusión temporal cofinanciados en un 70 % por el Gobierno nacional y en un 30 % por los entes territoriales para ciertos delitos pequeños”, aseveró la mandataria local.

La propuesta de López surgió luego del intento de motín que se registró en la estación de policía Santa Fe, donde hay problemas graves de hacinamiento. El hecho dejó dos uniformados y dos detenidos con heridas que debieron ser atendidas.

La mandataria aprovechó para recordarle al Gobierno nacional su deber con las grandes cárceles del país y pidió con urgencia la construcción de más centros penitenciarios para mitigar el problema de hacinamiento.

SEGUIR LEYENDO: