“Aprenda de derecho”: Angela María Robledo a Jennifer Arias

En medio de la plenaria que se adelanta esta noche en la Cámara de Representantes de Colombia, en la que se discute si se debe retirar a Jennifer Arias de su puesto como presidenta de la corporación por haber sido señalada de plagio, Angela María Robledo mandó a estudiar Derecho a la funcionaria acusada. Esto, después de que, presuntamente y de manera indirecta, Arias se refiriera a ella como “la representante destituida’'.

La frase que inició todo fue pronunciada por Arias al iniciar su defensa en la plenaria en su contra. Ella, antes de exponer sus razones para negar el plagio, mencionó que le parecía curioso que una persona destituida estuviera votando en esa plenaria.

Ante esta declaración, Robledo ejerció su derecho a réplica para defenderse de lo dicho por Arias. La congresista del partido Alianza Verde explicó a la presidenta de la Cámara que ella no había perdido su investidura y que había sido juzgada en un proceso que terminó sin problemas. Después de la breve explicación legal, Robledo mandó a Arias a estudiar Derecho.

Además, le dijo que debían comparar biografías políticas e infirió que la suya tenía más experiencia.

Una hora después del episodio, Robledo y Arias no intervinieron más en el debate.

Hay que recordar que la plenaria para debatir el caso de Arias fue citada con urgencia, después de que un grupo de representantes a la Mesa Directiva del Congreso de la República pidiera revocar la votación que puso a Arias como líder del cuerpo colegiado y se convoque a una nueva elección. La solicitud se hizo a través de una carta.

El documento fue firmado por David Racero (Decentes), Katherine Miranda (Alianza Verde), María José Pizarro (Decentes), Jorge Gómez (Partido Dignidad), Fabián Diaz (Coalición Alternativa Santandereana), León Fredy Muñoz (Alianza Verde), Inti Asprilla (Alianza Verde), entre otros. Ellos aseguran que si Arias sigue en el cargo, la Cámara podría enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía.

Esto se registra después de que el 22 de noviembre la Universidad Externado emitiera un comunicado en el que aseguró que sometió la tesis de Arias a una herramienta informática para la detección de plagio y esta arrojó innumerables coincidencias con fuentes o documentos publicados en internet. Se explicó que en el proceso se descartaron las coincidencias con textos debidamente citados, de libre reproducción u otros no protegidos por el derecho de autor. Aún así, el número de coincidencias qué sí caben entre los cinco posibles casos de plagio es alta.

Hay que recordar que este caso se remonta varias semanas y una vez se conoció, Arias aseguró que no se le había notificado de la investigación. Por eso pidió a las directivas de la universidad que se pronunciaran porque hubo una supuesta violación de derechos y debido proceso, pues conoció de la investigación en su contra por los medios de comunicación y no por información oficial por parte de la academia. A esto, agregó que el Externado había perdido el primer ejemplar de trabajo de grado por el que se le ha criticado en las últimas semanas.

De acuerdo a esa declaración, Arias, junto a Largo Alvarado, volvieron a enviar su tesis de maestría a la universidad durante los primeros días de noviembre de este año, pero el Externado aseguró que el documento nuevo y el presentado originalmente no son los mismos.

“Los días 5 y 8 de noviembre de 2021, las autoras de la tesis, Arias Falla y Largo Alvarado, sin que se les hubiera solicitado, radicaron en la Universidad dos copias de un documento impreso, del cual afirmaron que correspondía a la versión final y definitiva de su tesis de grado. Este texto no coincide plenamente con el remitido por el director de la tesis como trabajo final”, escribió el Externado.

Teniendo estos hechos en cuenta, la Universidad Externado indicó que se apoyará en entidades del Estado para tomar medidas. Se le pidió al Consejo de Estado anular el título de la funcionaria. Así mismo, se le enviaron soportes a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso legal.

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