
La Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral indagan qué ocurrió con los 3.080 millones de pesos que recibió el partido Opción Ciudadana porque los que hicieron campaña no recibieron la compensación. Así lo informó el periódico El Espectador que conoció las denuncias de algunos de los que hacen parte de esa colectividad, ya sin personería jurídica.
Uno de los denunciantes es Daniel Mejía, que fue candidato a la Cámara de Representantes en 2018, quien fue notificado de una sanción del CNE en 2020 que sumaba más de 1.000 millones en sanciones para todos los entonces aspirantes, cerca de 35, por supuesto mal manejo de los dineros destinados a campaña.
Cuando estudió los hechos, se dio cuenta de que el partido había recibido después de la campaña en 2018, en la que lograron solo dos curules al Senado, más de tres mil millones de pesos por reposición de votos. Es decir, el dinero que entrega el Estado a los partidos políticos que superan el umbral de votación para apoyar sus campañas.
En la denuncia que conoció El Espectador, se recogen los testimonios de otros excandidatos que, como Mejía, no han recibido la reposición de los votos, como Samuel Hernando Bocanegra, Aris Manuel Torres o Víctor Velásquez. Este último, además, sostuvo que no ha podido hablar con el partido porque desapareció.
Al parecer, el partido ya no tiene sede física, no tiene presencia en redes sociales desde 2018 y la página web se extinguió. Esto, al parecer, después de que en enero de 2019 el CNE le negó la solicitud de la personería jurídica a la colectividad y una decisión del Consejo de Estado eliminó las dos curules obtenidas.
“En el caso de Opción Ciudadana, el Tribunal Electoral evidenció que este partido político no cumplió los requisitos constitucionales, en relación con los escaños en el Congreso y el umbral, contenidos en el Art. 108 de la Constitución Política, para mantener la personería jurídica con posterioridad a las elecciones de marzo del 2018″, señaló el CNE.
La denuncia en la Fiscalía, según el diario, está a cargo de la Unidad de Estafas y fue interpuesta en contra de Álvaro Hernán Caicedo, exconcejal de Bogotá, quien fue el representante legal de esa colectividad durante los últimos años.
El partido Opción Ciudadana y Caicedo no han estado lejos de la polémica, tanto en política, como por compartimientos por fuera de la ley. El exconcejal, por ejemplo, fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación por haber invadido con su camioneta el carril exclusivo de Transmilenio.
Caicedo tomó la camioneta oficial asignada para su transporte como cabildante en 2009, ingresó al carril de los articulados y manejó de manera temeraria desde la calle 8 con carrera 30 hasta la 17. Según dijo a Caracol Radio “porque iba tarde para una cita con el odontólogo”, pero para ese entonces ya tenía más de 40 sanciones de tránsito.
El partido, fundado inicialmente por Luis Alberto Gil, terminó envuelto en parapolítica y cuatro de sus miembros fueron condenados por vínculos con esas organizaciones criminales. Esa situación generó el primer cambio de nombre de Convergencia Ciudadana a ADN, luego cambió otra vez a PIN y el último conocido fue Opción Ciudadana.
Hace un año, el CNE sancionó también a cuatro de sus miembros, los candidatos a la Cámara de Representantes Luis Hernando Contreras Bello y Omar Sánchez Osuna, junto con la gerente de campañas Ismelda Cortés Martínez y al auditor interno, Gustavo Ordóñez Bohorquez, por violar las normas de gastos en campaña en 2018 y su respectivo reporte ante la autoridad electoral. Allí se notificaron a los otros miembros por hechos similares.
Ahora, según reveló el diario El Tiempo, el exconcejal Caicedo y representante legal de Opción Ciudadana, estaría buscando revivir la colectividad, impulsado por las recientes decisiones con otros partidos. Así como tumbar la decisión del Consejo de Estado que les quitó las curules y pedir el dinero que los representantes dejaron de percibir debido a la decisión.
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