Conozca el acuerdo de cooperación entre la Corte Penal Internacional y el Estado Colombia

Este jueves 28 de octubre, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció que este organismo cierra el examen preliminar que mantenía desde hace 17 años en contra del Estado colombiano por la violación de derechos humanos.

Así lo informó Karim Khan en una rueda de prensa en compañía del presidente de Colombia, Iván Duque, en la que presentaron el ‘Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de Colombia y la oficina del Fiscal de la CPI’ que contempla una serie de compromisos por parte del Estado para evitar que se abra un nuevo examen preliminar para estudiar la situación en el país.

“Estamos celebrando un paso histórico en el que se cierra el examen preliminar, pero se sella un acuerdo entre el país y la CPI para estar compartiendo información, para tener reuniones periódicas y para seguir mostrando los avances de nuestro país en este proceso que es fundamental para darle tranquilidad a millones de víctimas de la violencia”, destacó el primer mandatario.

El documento de seis páginas destaca el compromiso por parte de las instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de la Ley de Justicia y Paz y de la justicia ordinaria en el propósito de esclarecer los graves crímenes cometidos en el conflicto armado y sus esfuerzos para combatir la impunidad.

“El Gobierno se compromete a continuar apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas, incluyendo la justicia ordinaria, el sistema de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, en cumplimiento de los marcos procesales temporales previstos para las mismas. En particular, el Gobierno continuará: salvaguardando su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura; (ii) asignando el presupuesto necesario para su implementación; y (iii) previniendo cualquier interferencia con sus funciones”, señala el primer artículo del acuerdo.

Asimismo, el Gobierno se compromete a fomentar una plena coordinación y cooperación entre las entidades del Estado, como la JEP y la Fiscalía General de la Nación, encargadas de la rendición de cuentas, así como de asegurar la seguridad de los miembros de estas instituciones y de los comparecientes.

A su vez, el Gobierno nacional se compromete a seguir manteniendo informada a la Fiscalía e la CPI acerca de los avances en los procesamientos e investigaciones que se adelantan en el país, así como de facilitar el acceso a documentos que el organismo solicite.

De igual manera, el documento establece que las partes fomentarán el intercambio de lecciones aprendidas y de buenas prácticas entre las entidades nacionales y la Fiscalía de la CPI, con este propósito se acordarán intercambios y visitas anuales entre las entidades.

“La Fiscalía podrá reconsiderar su evaluación de la complementariedad a la luz de cualquier cambio significativo de las circunstancias, incluyendo toda medida que pueda obstaculizar significativamente el progreso y/o la autenticidad de los procedimientos pertinentes y la aplicación efectiva y proporcionada de sanciones penales de naturaleza retributiva y restaurativa”, indica el artículo seis del acuerdo.

De igual manera, la CPI podrá replantear esta decisión frente a cualquier suspensión o revisión del esquema judicial establecido en el Acuerdo de Paz en caso que este pueda obstaculizar o retrasar el desarrollo de procedimientos nacionales, o iniciativas que obstruyan el correcto funcionamiento de las jurisdicciones pertinentes.

Por último, el documento señala que este acuerda entra vigor a partir desde este jueves y tendrá una duración indefinida, y cualquiera de las partes lo podrá denunciar dando un aviso previo de tres meses.

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