Procuraduría formula una alerta para mitigar la deforestación en Guaviare, Caquetá y Meta

Con el propósito de mitigar la deforestación en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, algunas de las regiones del país en las que se presenta la mayor concentración de los núcleos de tala de bosques en el territorio nacional, la Procuraduría General de la Nación formuló una alerta.

El Ministerio Público instaló este martes la ‘Mesa de Diálogo Comunitario para la Lucha contra la Deforestación’ en Villavicencio, Meta, en la que se alertó la preocupante situación ambiental que se presenta en estos territorios, los cuales requieren una especial atención debido a que concentran el 56,3 % de la deforestación a nivel nacional.

“Buscamos reunir a la comunidad con la institucionalidad para generar canales de confianza y crear compromisos frente a las responsabilidades y participación de los actores en este proceso”, indicó la procuradora delegada para asuntos Ambientales y Agrarios, Olga Lucía Patín Cure.

A través de estos diálogos, que cuentan con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) y el Reino de Noruega, se busca establecer una hoja de ruta en la que las entidades nacionales y territoriales articulen sus esfuerzos para mitigar este grave delito ambiental, que afecta especialmente la Amazonía colombiana.

En el último informe del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (Smbyc) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se identificó que durante 2020, año en el que se presentaron las mayores restricciones por la pandemia del covid-19, la deforestación en el país creció un 8 %.

Una cifra preocupante que se concentró en 12 núcleos en Meta, Caquetá, Guaviare, Antioquia y Putumayo, con la tala de 171.685 hectáreas de bosques por causas como el acaparamiento de tierras, malas prácticas de ganadería extensiva, infraestructura y transporte no planificada, cultivos ilícitos, extracción ilícita de minerales, tala ilegal y ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas.

“Es una acción colectiva que tome en cuenta las problemáticas específicas de los territorios, más allá del nivel central. En el que la participación de las comunidades es una garantía de la viabilidad de las acciones”, señaló el representante adjunto de la Undoc.

Por último, el órgano de control señaló que las comunidades y autoridades que hicieron parte de este diálogo destacaron la importancia de estos espacios para la consolidación de censos que permitan hacerle frente a este preocupante delito ambiental, que afecta no solo el equilibrio de los ecosistemas del país, sino la salud de colombianos.

Dentro de las estrategias empleadas para hacerle frente a la deforestación en el país se encuentran la campaña Artemisa, inversión en programas sociales, pago por servicios ambientales, contratos de conservación natural, educación ambiental, fortalecimiento de los negocios verdes, sistemas de monitoreo efectivo y acción integral de los ministerios.

Según las cifras del Ministerio y el Ideam, en 2020 el 67 % de la deforestación se concentró en 12 núcleos principales en los que se están empleando todos los esfuerzos desde las instituciones del Estado para contrarrestar este flagelo, que representa uno de los delitos con mayor incidencia en los ecosistemas y recursos ambientales en el país.

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