La aspersión de glifosato es necesaria en algunos lugares, según el Gobierno nacional

El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, se mostró satisfecho en la tarde de este martes luego de que la Oficina para el Control de Drogas de los Estados Unidos diera a conocer algunos de los lineamientos bajo los que se desarrollará la política conjunta para la lucha contra el narcotráfico entre ese país y Colombia. Uno de los puntos clave tuvo que ver con el uso del glifosato.

“Es muy grato ver que implica un apoyo a los lineamientos del presidente Duque en la política de paz con legalidad”, señaló el funcionario, recordando que el actual gobierno considera que es importante echar mano de todas las herramientas que estén a la mano para combatir el narcotráfico, “en particular en lo que tiene que ver con los cultivos, utilizar todos los instrumentos que la ley nos entrega”.

Dicho esto, el consejero recordó que los planes de desarrollo con enfoque territorial continúan siendo las bases para continuar la transformación de los territorios afectados por los cultivos ilícitos en el largo plazo, que en su mayoría son poblaciones PDET. “De esos 170 municipios, en 120 está el 95 % de la coca del país. Luego, la transformación que se está logrando, los 9.5 billones de pesos que se están invirtiendo van precisamente a que el Estado llegue a donde debería estar llegando”.

Archila recordó que además están los ocho municipios Pisda (Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo), en los que se adelantan esfuerzos voluntarios de erradicación y para los cuales también se está formulando planes de desarrollo que contemplan la colaboración con la oficina norteamericana.

A fin de cuentas, esta última está participando tanto en la sustitución voluntaria de cultivos, en la que trabajan cerca de 100.000 familias de todo el país; como en el programa Formalizar para Sustituir, con el que se formaliza la tenencia de tierras que no tenían títulos para fortalecer la siembra de cultivos legales; o el pago por servicios ambientales para generar presencia en zonas apartadas y que necesitan vigilancia, como parques naturales.

Igualmente, está el tema de la aspersión con químicos como el glifosato para acelerar la erradicación de cultivos. Sobre este último, Archila señaló que, “nuestra visión es que hay zonas donde se debe trabajar con erradicación forzosa y hay zonas en las cuales se debe utilizar el mecanismo de aspersión con precisión”.

Valga recordar que, la estrategia de la oficina norteamericana tiene varios frentes. En primer lugar, pretende seguir reduciendo la oferta de las sustancias. De esta forma, tal como se viene ejerciendo, se destruirán laboratorios y, a su vez, se fortalecerán esfuerzos contra el lavado de activos y judicialización de los delincuentes.

Segundo, la ONDCP encuentra de suma importancia el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, pactados en La Habana con la extinta guerrilla de las FARC. Con esto, se busca mejorar la seguridad y el desarrollo en zonas rurales de Colombia, con esfuerzos adicionales en inversión y en facilitar el acceso a la justicia.

Lo anterior también busca proteger a los líderes sociales –quienes son objeto de amenazas y asesinatos en Colombia–, reducir la dependencia económica a la hoja de coca en ciertas zonas, ampliar la regulación de los títulos de propiedad de las tierras y formalizar el suelo para otras actividades productivas. Con esto, cambiaría también la forma en la que ambos países miden el éxito en materia de control de los territorios de siembra.

Tercero, Estados Unidos recalcó que esta lucha contra las drogas debe tener un enfoque de protección ambiental y las acciones nocivas que los delincuentes suelen realizar contra el ecosistema. Incluso, se menciona una restauración de selvas tropicales, eliminación de cultivos de coca y la férrea oposición a los “santuarios para los grupos armados ilegales”.

Así, Estados Unidos tendrá un rol de apoyo y vigilancia frente a los delitos ambientales que se cometan en el marco de la lucha contra las drogas en las zonas rurales. Esto, por el hecho de que los narcotraficantes significan un impacto “profundamente negativo en el medio ambiente de Colombia y la región amazónica”.

Con todo, Archila señaló que, “el renovado entusiasmo de los Estados Unidos de fortalecer el desarrollo rural integral, de llegar con carreteras, educación, salud, de seguir apoyándonos en la política de tierras, en la formalización de los títulos, el catastro multipropósito y demás, es una muy buena noticia”.

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