La Fiscalía General de la Nación confirmó este miércoles 6 de octubre la captura de cinco personas involucradas en una estructura señalada de engañar a jóvenes colombianas para explotarlas sexualmente en el extranjero. Esto, en medio de una operación articulada entre el ente acusador, la Dijín de la Policía Nacional y las autoridades de Panamá, país al que eran enviadas.

Según informó dicha autoridad, la banda se contactaba a mujeres entre 18 y 23 años, y las convencía de viajar a cambio de altas remuneraciones en trabajos como enfermeras y niñeras en la nación centroamericana. Las personas que creían en estos ofrecimientos eran retenidas en viviendas, donde les quitaban los documentos y las obligaban a ejercer actividades sexuales hasta cumplir con el pago de una deuda ficticia de de 1.700 dólares.

De acuerdo con los testimonios de las víctimas, dicha red se las arreglaba para mantener a las mujeres trabajando al argumentar que la suma impuesta ascendía diariamente por los gastos de alimentación, manutención y estadía en el vecino país.

Esa información, entre otros datos que permitieron las capturas logradas hoy, fueron obtenidas gracias a un operativo conducido en septiembre de 2020, cuando se logró el rescate, en Ciudad de Panamá, de 24 víctimas colombianas de esta estructura. En el mismo, fueron detenidas cinco personas, señaladas de ser las encargadas de la custodia y explotación sexual de las mujeres.

Ahora, a esto se suman algunas denuncias recibidas en el último año, así como las actividades investigativas realizadas en el mismo periodo de tiempo, y que permitieron identificar a otras cinco personas, señaladas de ser los articuladores de la estructura ilegal en Colombia. Estos fueron capturados en Medellín, Antioquia.

Posteriormente, fueron presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quien les imputó los delitos de concierto para delinquir, trata de personas y desplazamiento forzado. Cuatro de los procesados recibieron medidas privativas de la libertad durante ese proceso.

Según reportó el ente acusador, la captura más importante fue la del señalado cabecilla de la red de trata de personas identificado como León Darío Bonilla Echeverri. Este sería el encargado de financiar la compra de los tiquetes aéreos y la adquisición de pasaportes, documentos entre otros elementos requeridos para trasladar a las jóvenes hacia Panamá.

De igual manera, las autoridades establecieron que Bonilla Echeverri entregaba 500 dólares a cada una de las mujeres reclutadas en el aeropuerto José María Córdova, antes de salir del país. Otros indicios señalan que, al parecer, tomaba fotografías a las casas de las víctimas y sus familiares para intimidarlas y obligarlas a pagar la cuota exigida. Igualmente las amenazaba de muerte para garantizar que continuaran trabajando.

Otros procesados son:

Carlos Andrés Urrea López, quien presuntamente recibía a las víctimas en Panamá y las transportaba a las casas donde permanecían retenidas. Hay evidencia de que era el que pasaba revista para evitar que escaparan.

Yamile Aristizábal Bohórquez, supuesta responsable de contactar y convencer jóvenes para que viajaran a Panamá.

Darling Lucía Sininng Cárdenas, una de las posibles coordinadoras logísticas y encargadas de asegurar a las mujeres en Colombia para impedir que se arrepintieran.

Elizabeth Chico Flórez, a quien se le atribuye ejercer presión sobre los familiares de una de las víctimas para que fuera retirada una denuncia contra el cabecilla de la estructura.

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