Por garantías bancarias falsas suspenden contrato para ampliar la cárcel de Bellavista en Medellín

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) anunció la liquidación de un contrato para construir un nuevo pabellón en la cárcel de Bellavista en Medellín, el cual celebró el año pasado con Jorge Alfonso Molina, implicado en la irregularidades en el contrato por 1,07 billones de pesos de Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las TIC, quien habría presentado un cupo de crédito falso a la entidad bancaria Itaú, para garantizar la adjudicación del contrato.

Según informó la entidad, la licitación por $16.790.608.595 millones de pesos, con la que además se buscaba construir áreas complementarias en el centro penitenciario de Medellín, fue adjudicada al Consorcio Bellavista 2021, el cual está conformado por las firmas Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A.S. y JP Servicios S.A.S.

La W Radio conoció que Molina, implicado como representante legal de CM Constructores en el escándalo de MinTic y Centros Poblados, tiene el 80% de participación en la sociedad Proyectos y Desarrollos, y habría ganado la licitación del contrato con la Uspec usando el mismo modus operandi: presentar cupos bancarios falsos.

De acuerdo con la información obtenida por el mismo medio, en noviembre del año pasado, la firma Proyectos y Desarrollos le envió a la Uspec un documento financiero falso. Se trata de un certificado del Banco Itaú con el que se pretendía certificar que la sociedad tenía un cupo de crédito de $1.720 millones de pesos con la entidad bancaria.

Al respecto, la Uspec informó que el pasado lunes 27 de septiembre su dirección general dio a conocer al contratista que se iniciaría una acción administrativa para decretar la nulidad de dicho contrato al configurarse los hechos como una causal de nulidad absoluta, actuación que deberá realizarse este martes 5 de octubre y continuará en los próximos días.

“Es importante precisar que los recursos públicos para la ejecución de este proyecto NO han sido ni serán desembolsados por lo que no existe riesgo alguno al patrimonio público de los colombianos”, aclaró la Uspec.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios así mismo dio a conocer que compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que la entidad realice las investigaciones pertinentes en contra de los implicados en el caso.

De otro lado, la Uspec anunció que adelanta acciones adicionales con el objetivo de establecer si en otros procesos de contratación de la entidad se han presentado circunstancias similares, hechos en los que procederían a tomar acciones en el marco de la ley para así proteger el patrimonio público.

Sobre Jorge Alfonso Molina, el diario El Colombiano también halló que entre las indagaciones que realizó la Fiscalía por el caso MinTIC, se descubrió que Molina y la firma Saeb Atlantic S.A pretendían ganar un proceso de licitación de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), para el almacenamiento de energía con baterías para la región Atlántica, a través de garantías bancarias del Banco Itaú falsificadas.

Posteriormente se conoció que, cuando el escándalo de Centros Poblados y el MinTIC estalló, la firma Saeb Atlantic se retiró del proceso licitatorio.

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