En operación contra la captación ilegal de dinero, Supersociedades intervino empresa antioqueña de aguacates

A los inversionistas se les prometió una ganancia del 30%, dinero que nunca recibieron; el organismo de control pidió a los colombianos ser precavidos con ofertas de negocio de retorno inmediato

Superintendencia de Sociedades de Colombia
Superintendencia de Sociedades de Colombia

36 personas entre naturales y jurídicas que invirtieron en el negocio de los aguacates con la empresa Golden Green Avocat S.A.S. serían las víctimas de una maniobra de captación ilegal de dinero bajo la figura del ‘contrato de asociatividad’ en el que la promesa de compra fue un retorno de 30% por inversión.

Así lo dio a conocer el organismo de control en el proceso de intervención que inició contra Golden Green Avocat S.A.S. radicada en Medellín:

Dicha sociedad y las personas naturales intervenidas recibieron recursos de al menos 36 personas (entre naturales y jurídicas) en 89 operaciones de inversión por valor de $6.451.741.079, a través de un modelo de negocio de ‘contrato de asociatividad’

El esquema de captación ilegal funcionaba como una presunta oferta comercial en la que Golden Green Avocat sugería la realización de inversiones a unos “asociados” a favor de la empresa, a los cuales entregaba un contrato de asociatividad.

En detalle, así era cómo procedía dicho esquema:

La sociedad hacía supuestamente la compra y empaque del aguacate, la exportación del producto, recibía el pago del comprador en dólares y se realizaba la devolución del 100% de la inversión a los ‘asociados’, más la utilidad prometida

De acuerdo con la Supersociedades, la utilidad oscilaba entre 5,5% y 100%, pero no se comprobó si dichos despachos al exterior se realizaron así como tampoco se hicieron efectivos los pagos prometidos a quienes suscribieron dichos contratos.

Las víctimas aseguraron que las ganancias del 30% por sus inversiones nunca se hicieron realidad, por lo que entablaron una denuncia a la Superintendencia, la cual estudió el caso y encontró que dicho esquema claramente corresponde a una maniobra de captación ilegal de dinero.

Andrés Barreto, superintendente de Sociedades encargado, aconsejó a los inversores sobre este tipo de mecanismos ilegales y sugirió algunas pautas para reconocerlos: “Es muy importante que las personas identifiquen bien cuándo una propuesta de negocios o inversión puede convertirse en una captación ilegal de dineros del público. Esto normalmente se puede identificar, cuando se ofrecen altos rendimientos en el corto plazo, sin una explicación financiera razonable, lo que trae consigo el riesgo de perder el dinero”.

Otro caso sonado de la Supersociedades en el mes de septiembre fue la apertura del proceso de liquidación de la constructora Pedro Gómez y Cía mediante el proceso regulado por la Ley 1116 de 2006.

La entidad, recordada por sus famosas obras en Colombia, como el centro comercial Unicentro de Bogotá, recibió la notificación prevista en la ley mencionada y que fue aprobada en marzo del 2020 y que, de acuerdo con la Superintendencia, no registraba información financiera desde el 2018.

Además, según informó el organismo de control, la empresa no ejecutó cómo se debía su objeto social desde mediados del 2020, lo que ocasionó el inicio de su liquidación.

Dichos motivos se describen ante ley colombiana como causales de liquidación judicial inmediata. “La Superintendencia de Sociedades, a través de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, mediante el Auto No 2021-01-568550, decretó la apertura del proceso de Liquidación Judicial de la sociedad Pedro Gómez y Cía. S.A. proceso regulado por la Ley 1116 de 2006″, señaló Supersociedades mediante un comunicado.

En dicho pronunciamiento se designó a Bibiana Torres Castañeda, abogada, como liquidadora de la famosa constructora que propenderá por cumplir la ley 1116 de 2006 con la que se busca, entre otros, el mejor aprovechamiento del patrimonio del deudor. Se constató en una inspección judicial realizada 30 de julio de 2021, que la sociedad no cuenta con información financiera desde 2018 y que no viene ejecutando su objeto social desde septiembre de 2020, causales de liquidación judicial inmediata previstas en ley, por lo cual el Juez decretó la terminación del proceso de reorganización y la apertura del proceso de liquidación judicial”sentenció el fallo de la Superintendencia.

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