Procuraduría recurre a un juez para que Centros Poblados devuelva los $70.000 millones

El Ministerio Público pidió además que se declaren vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y acceso al servicio público esencial de Internet

Centro Digital de Bolívar que exhibió la Unión Temporal Centros Poblados y aseguró que ya había instalado 845 hasta el pasado 31 de julio
Centro Digital de Bolívar que exhibió la Unión Temporal Centros Poblados y aseguró que ya había instalado 845 hasta el pasado 31 de julio

La Procuraduría General de la Nación interpuso este 8 de septiembre una acción popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca que ordena a la Unión Temporal Centros Poblados y sus integrantes devolver el anticipo del contrato por valor de $70.243.279.599.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, indicó que ante las irregularidades detectadas y las actuaciones de los contratistas, tendientes a evitar que se logre la recuperación de los recursos en favor del patrimonio y los servicios públicos y el interés general, es necesaria una medida que disponga la protección inmediata de los derechos colectivos vulnerados, con la fuerza de una orden judicial.

En la acción popular, el órgano de control solicitó declarar vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa; la defensa del patrimonio público y el acceso al servicio esencial de internet, y a su prestación eficiente, continua y permanente con ocasión de las acciones y omisiones presentadas dentro de la licitación y el contrato.

Entre los accionados están: Ministerio de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (MinTIC), representado legalmente por Karen Abudinen Abuchaibe o por quien haga sus veces; el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic); la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y sus integrantes, once empresas y una fundación.

La Procuraduría también solicitó ordenar a los integrantes de la UT Centros Poblados resarcir los perjuicios ocasionados a la nación por una cuantía equivalente a 42.944 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, a título de estimación anticipada de perjuicios, de acuerdo con la cláusula penal del contrato.

También, establecer el pago del daño emergente ocasionado por cuenta de la planeación y ejecución del objeto contractual, sin el cumplimiento de los requisitos legales para su ejecución.

El órgano de control solicitó que se ordene al MinTIC y Fontic que:

- Adopte de manera inmediata las medidas necesarias frente SESCOLOMBIA S.A.S, la interventoría y los funcionarios públicos y demás contratistas que tuvieron que ver en la consolidación de las irregularidades presentadas.

- Establezca los correctivos y medidas legales, judiciales, contractuales, administrativas, financieras y/o técnicas, que aseguren o propendan por la prestación eficiente, continua y permanente del servicio público esencial de internet, de acuerdo con el alcance del Contrato Fondo N°. 038 de 2020 en los 15 departamentos y en Bogotá, según objeto del contrato N°. 1043 de 2020.

En cuanto a la UT Centros Poblados y sus integrantes, así como a los socios, partícipes y/o beneficiarios, SESCOLOMBIA S.A.S Y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, la Procuraduría pidió declararlos responsables por los daños, perjuicios e indemnizaciones que se presentaron en la ejecución del contrato caducado y adjudicado al segundo en orden de elegibilidad. También que en esta decisión se vincule al MinTIC y al Fontic.

Además solicitó que el tribunal disponga que la sentencia frente a esta acción popular tenga prevalencia sobre cualquier decisión arbitral o judicial que se adopte en los asuntos tratados o controvertidos frente a este caso en particular.

Este miércoles, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, también hizo un anuncio. En su cuenta de Twitter aseguró que no va a emprender acciones judiciales frente a las afirmaciones de algunos congresistas en el debate de moción de censura que se realizó en su contra.

“Lo relevante hoy es actuar con un único objetivo: ir en contra de quienes han atentado contra el bienestar de los niños y niñas, los más afectados por las infames actuaciones de quienes pusieron en riesgo los recursos destinados a su conectividad”, señaló la funcionaria.

Señaló que como ministra, “reconozco todas las apreciaciones y opiniones de la ciudadanía y de los congresistas, sin importar su partido político o movimiento, que sirvan para nutrir el debate nacional en el marco del respeto”.

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