La ya liquidada empresa de energía Electricaribe volvió a estar en el ojo del huracán este 17 de agosto por estar enredada en líos legales y económicos. En esta fecha, la Contraloría General de la República (CGR) profirió un falló con responsabilidad fiscal por $211.755 millones de pesos en contra de la entidad por la indebida aplicación de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social (FOES). Se supone que esos recursos debían reducir el valor a pagar en la factura del consumo de energía de cada usuarios de los estratos 1 y 2 que habitaban en la región Caribe entre julio de 2011 y octubre de 2016, sin embargo, esto no fue así.
El órgano de control explicó que Electricaribe recibió $187.227 millones en calidad de canalizador del FOES pero no usó el dinero para disminuir los pagos de manera individual, sino comunitaria. Esto es un problema porque significa que los alivios no se otorgaron por completo.
El problema va más allá, pues los recursos del fondo son administrados por el Ministerio de Minas y Energía (MinMinas), es decir, son del Estado, y al no ser ejecutados correctamente se incurre en un delito.
Teniendo esto en cuenta, se inició un proceso fiscal a partir de los hallazgos que se detectaron en una auditoría que realizó la Contraloría Delegada de Minas de Energía en 2017. Posteriormente, esta acción dio lugar a otros procesos de control en Electricaribe.
Según el informe de auditoría mencionado, al revisar en detalle la aplicación individual del subsidio a los usuarios estratos 1 y 2 activos en 2015 y 2016, se encontró que al asignar el beneficio FOES en su sistema de facturación, Electricaribe desconoció la esencia del subsidio. La empresa lo usó para disminuir sus pérdidas en vez de aminorar el valor de la obligación a cargo del usuario en su factura.
El órgano detalla que la Contralora Delegada Intersectorial número cinco de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR revisó la facturación mensual de las zonas especiales de la región Caribe, que corresponde en promedio a 1.800.000 facturas por mes. De esta cifra, fueron glosadas aproximadamente 700.000 bajo el esquema de minería de datos.
También se indicó que, “en forma solidaria con Electricaribe”, se falló también con responsabilidad fiscal contra la firma PricewaterhouseCoopers (PwC) LTDA y tres de sus colaboradores, en su calidad de revisores fiscales de la empresa. A la entidad y sus funcionarios se les sancionará porque avalaron la aplicación incorrecta de dichos recursos. Ellos, con su testimonio en calidad de garantes del proceso conllevaron a que el Ministerio de Minas y Energía llevará a cabo el giro de los recursos estatales a Electricaribe.
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