Defensoría emite alerta por acciones violentas en el sur de Bolívar

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, informó además sobre el retorno de al menos unas 2.400 personas de la zona

Al menos 250 personas han abandonado la vereda (aldea) de La Ceiba, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), por enfrentamientos armados. EFE/ Ernesto Guzmán Jr./Archivo
Al menos 250 personas han abandonado la vereda (aldea) de La Ceiba, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), por enfrentamientos armados. EFE/ Ernesto Guzmán Jr./Archivo

Debido a los hechos de violencia que se han presentado durante las últimas semanas en el sur de Bolívar, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta de Inminencia para los municipios de Montecristo, Morales, Arenal y Santa Rosa del Sur.

De acuerdo con la Defensoría, las acciones del Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), incrementan el riesgo de enfrentamientos armados en medio de la población civil, así como homicidios, amenazas a líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y desplazamientos forzados.

Asimismo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, informó sobre el retorno de por lo menos unas 2.400 personas de la zona.

“Por petición de la comunidad acompañamos este retorno que inició desde muy temprano y que tiene como destino final el corregimiento de Mina Piojo, en el municipio de Montecristo. A las comunidades de esta región del país les reiteramos que mantendremos nuestro acompañamiento con el fin de buscar la garantía y el respeto por sus derechos”, aseguró el defensor del Pueblo.

Cabe recordar que, en Santa Rosa más de 700 personas han llegado desplazadas desde el municipio de Montecristo en los últimos días, debido a los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales, así lo confirmó en entrevista con RCN Radio el director de Seguridad del departamento, José Ardila.

“Tenemos una situación de un desplazamiento que viene de la serranía de San Lucas, en los límites de cuatro municipios de Montecristo, Santa Rosa del sur, Morales y Arenal, en todo lo que conocemos como el cordón minero, el sector de las minas, Mina Piojó, Mina Repollo, Mina Chocó, Mina Central, entre otras”, indicó Ardila.

Por su parte, el alcalde de Santa Rosa, Fabio Morales, en entrevista con Blu Radio, señaló que serían alrededor de 200 familias las que habrían abandonado sus hogares ante el miedo y la zozobra por perder la vida en medio de los combates entre el ELN y las disidencias de las Farc.

“El ELN y las disidencias de las Farc, las cuales se están disputando entre ellas el poder del territorio en esta cordillera, que es un territorio muy rico porque es productor de oro, y que es punto atractivo para estos grupos al margen de la ley”, explicó el mandatario local al mismo medio.

El pasado 27 de julio, la Federación Agrominera confirmó el asesinato de Oswaldo Pérez en el municipio de Montecristo Bolívar. El líder social era desde hace algunos años el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Mina Piojó y además líder de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar.

Según lo dicho por la federación, el crimen lo cometieron hombres armados que operan en esa zona del país y que, “se identifican como integrantes de las disidencias del frente 37 de las Farc”. Asimismo, manifestaron que Pérez venía siendo víctima de amenazas por parte de grupos ilegales, por lo que parte de su familia había salido de Mina Piojó hace un par de días.

“Preocupa inmensamente que los grupos armados presentes en la región atenten contra los líderes comunitarios, que nada tienen que ver con la confrontación armada entre ellos, y de esa manera afectan las dinámicas organizativas de las comunidades que habitan esta zona de la Serranía de San Lucas”, señalaron.

Los firmantes de la paz también son víctimas de la violencia paramilitar. En Buenos Aires, municipio del departamento del Cauca, fue asesinado Yorbis Valencia Carabalí, quien fue atacado llegando a su casa en el área urbana de dicho municipio.

De acuerdo con información provista por Comunes, partido político que acoge a desmovilizados que han respetado dicho acuerdo, Carabalí hacía parte de un proyecto eco-productivo denominado Cooperativa Ecomún La Esperanza “Cecoespe”.

Según los datos presentados por Comunes, con su muerte son 279 los firmantes del acuerdo asesinados en los territorios. Para el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el asesinato de Carabalí es el número 30 en lo que lleva 2021.

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