Richard Aguilar renunciará a su curul en el Senado para que el proceso pase a la Fiscalía

La Corte Suprema ordenó la detención del senador de Cambio Radial por presunta corrupción. Ahora el congresista renunciará a su curul buscando que su caso pase a la Fiscalía.

En la foto: Richard Aguilar, ex gobernador de Santander y senador (Colprensa - Sofía Toscano)
En la foto: Richard Aguilar, ex gobernador de Santander y senador (Colprensa - Sofía Toscano)

En la noche del 27 de julio, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión contra el senador Richard Aguilar Villa, como presunto determinador de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, autor de interés indebido en la celebración de contratos y coautor de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros.

Tras pasar su primera noche en un calabozo de la Fiscalía, la defensa del senador aseguró que en las próximas horas presentará su carta de renuncia a la curul que ganó en las pasadas elecciones de 2018 avalado por Cambio Radical. La movida es clara, Aguilar quiere que el proceso sea revisado y pueda pasar de la Corte Suprema a la Fiscalía General.

Uno de los argumentos que presenta la defensa para la solicitud, es que los hechos por los que se le está investigando ocurrieron cuando Aguilar era gobernador de Santander, entre 2012-2015 y las actuaciones no tienen conexión alguna con su trabajo como senador de la República.

En la providencia de la Corte se lee precisamente que la investigación es por supuestas irregularidades en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015, cuando el ahora senador se desempeñaba como gobernador del departamento de Santander. Hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado –para sí y para otros– de dineros públicos.

Según el proceso, en la celebración de los negocios jurídicos cuestionados, el entonces mandatario regional habría ordenado, a algunos funcionarios de la Gobernación del departamento, favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él.

Las presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca (2014).

Teniendo en cuenta que la investigación adelantada por la Corte implica a otros posibles partícipes en los hechos de corrupción administrativa indagados, la Sala Especial de Instrucción compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las eventuales acciones penales que considere pertinentes.

Una vez la Corte le informó al senador sobre la apertura de una investigación, Aguilar reaccionó de manera tranquila y afirmó que es una oportunidad para demostrar su inocencia y aseguró que se trata de falsas acusaciones en su contra, hechas por “delincuentes” que buscan rebajar sus condenas.

“Me ha informado mi abogado Iván Cancino que he sido citado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia: una gran oportunidad para la verdad y para defender con el alma mis actuaciones. Ante la Corte Suprema de Justicia aportaré pruebas para desmontar los falsos testimonios que me han levantado delincuentes, que buscan obtener rebajas de penas a cambio de inculparme. Se esclarecerá la verdad, brillará la justicia!”, escribió Aguilar.

De acuerdo con el diario La Vanguardia y la Silla Vacía, la investigación inició por la confesión de Claudia Toledo y Lenin Pardo, quienes fueron secretaría de Infraestructura y contratista de obras públicas respectivamente, durante el tiempo que Aguilar fue gobernador de Santander. Según esas declaraciones juramentadas ante la Fiscalía, el entonces gobernador direccionó a dedo la adjudicación de más de 400 mil millones de pesos en contratos a cambio de coimas. Así como habría, supuestamente, ofrecido sobornos para comprar silencios.

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