“Falto de contraste”, así calificó el gobierno colombiano el informe de la CIDH sobre el Paro Nacional

Este martes se conoció el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que confirmó que en Colombia se dieron hechos de abuso de la fuerza contra manifestantes en el marco del paro nacional. En el documento se hicieron recomendaciones como el no prohibir los bloqueos de manera generalizada y separar a la Policía del Ministerio de Defensa, puntos que rechazó el Gobierno Nacional.

En la respuesta del Gobierno, afirma que el contenido del informe carece de contrastes y rechaza que se hable de que los bloqueos son una forma legítima de protesta. En el documento, la CIDH expresa que estos hacen parte de las diferentes modalidades de protesta que existen tales como los cacerolazos o las marchas, por lo que pide al Gobierno no prohibirlos de manera generalizada.

Frente al punto de la separación de la Policía Nacional y del Esmad del Ministerio de Defensa, el Gobierno expresa que “la preocupación de la Comisión acerca del enfoque militar resulta ajena al contenido sustantivo y orgánico de nuestra Carta Política” ya que esa discusión, afirman, se dio en la Constituyente de 1991 y se dejó en el Ministerio.

En la rueda de prensa la presidenta del órgano, Antonia Urrejola, explicó que conoce del proyecto de reforma a la Policía anunciado por Iván Duque pero no se quiso pronunciar si este es suficiente o no por no conocerlo de fondo. Además indicó que más allá de la separación de poderes, pide que se respeten las garantías en las protestas y que se regule el uso de la Policía de acuerdo a estándares internacionales.

Frente a la Policía el Gobierno dice que no hay una estigmatización estructural de la protesta social: “no puede haber ni ha habido ningún tipo de tolerancia frente a la violencia contra estas poblaciones (LGBTI y mujeres). Aquellos posibles casos de discriminación son objeto de tutela y de investigación por parte de las autoridades”.

Y afirma que las cifras que maneja la CIDH no están reconociendo los datos entregados por las víctimas de los bloqueos y del caso de bebés muertos en ambulancias, sin embargo, en el documento de la Comisión sí se incluyeron estos datos, particularmente en este párrafo:

Por su parte, “el Estado colombiano es enfático en rechazar la creación de un ‘Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad’, como la anunció la CIDH en su comunicado. Reiteramos que nuestro Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento”, señala el documento expedido por la Cancillería.

En el documento de la CIDH se recogieron denuncias de uso excesivo de la fuera con armas no letales como con gases irritantes vencidos y la utilización del dispositivo lanzagranadas Venom, ante esto el gobierno dijo que “es relevante citar la reciente Sentencia de tutela proferida por el Tribunal de Bogotá el 28 de junio de 2021, en la cual estableció que es constitucionalmente válido y no violatorio de los derechos fundamentales, el uso de las llamadas armas Venom, que se clasifican entre las menos letales, dado que ‘no produce un impacto directo en la ciudadanía’, y además advierte que ‘su uso está plenamente regulado’”.

El Gobierno también rechaza que se haga mención a los Acuerdos de Paz con la guerrilla de las Farc y dice que no tiene nada que ver con la visita, aunque en el documento, justo en la introducción en el punto 1, la CIDH menciona que debe preservarse la arquitectura institucional equilibrada de los poderes públicos y organismos autónomos de control, como está establecido en la Constitución Política de 1991 y “reforzada por el Acuerdo de Paz de 2016″.

El informe

La CIDH explica que con la salida del Ministerio se debe “garantizar un entrenamiento que consolide la preservación de la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos”. Por su parte, la presidenta de la entidad, Antonio Urrejola, dijo que la recomendación de separar a la Policía y al Esmad del Ministerio busca que “se evite una visión militar en la Policía” y que más allá de dicha acción, quieren es que se cumplan los mínimos de respeto y seguridad.

En el informe también le piden al Estado que no prohíba de manera ‘a priori’ los bloqueos (cortes de ruta) como parte de las protestas e indican que recibieron 2.908 solicitudes para aportar a los testimonios recogidos, pero que en realidad se escucharon 302 priorizando que hubiera diversidad y pluralidad en los mismos, entre ellos 500 personas.

La presidenta Urrejola señaló que en el tema de los bloqueos, estos hacen parte de las formas de protesta como los cacerolazos y marchas, “esto implica que el Estado no puede prohibir en general a esta modalidad de la protesta”.

También se pide tomar medidas urgentes, en ámbitos de formación, utilización de protocolos de actuación y creación de mecanismos de rendición de cuentas, que promuevan que el Esmad cumpla funciones de garantía del orden público y el ejercicio del derecho a la protesta, así como limitar su actuación solamente a casos estrictamente necesarios.

En un video proyectado por la Comisión en la rueda de prensa, se recogieron varios testimonios de las víctimas del abuso del Estado y de algunos policías que han sufrido en el marco del paro nacional.

Piden que se repare, principalmente, a las personas que sufrieron afectaciones o perdieron a sus familiares en las protestas. Además de asegurar que los familiares de personas detenidas, y en su caso sus representantes legales, tengan acceso a toda la información sobre el proceso de detención.

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