Defensoría del Pueblo alerta por presencia de grupos armados en Bogotá y municipios aledaños

En la zona estarían operando las AGC, el ELN y disidencias de las Farc. Además, harían presencia otros grupos narcoparamilitares como las ‘Águilas Negras’, ‘Los Paisas’ y ‘Los Boyacos’.

Defensoría del Pueblo registró 90 eventos masivos de desplazamientos forzados durante el 2021. Foto: cortesía Defensoría del Pueblo.
Defensoría del Pueblo registró 90 eventos masivos de desplazamientos forzados durante el 2021. Foto: cortesía Defensoría del Pueblo.

En la tarde de este 31 de mayo, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que advierte a las autoridades de Cundinamarca sobre la presencia de grupos armados ilegales en el departamento. Según la entidad, los subversivos están realizando acciones ilegales desde Bogotá y otros 12 municipios aledaños a la capital colombiana.

“La población que se encuentra en potencial riesgo habita o realiza actividades en los sectores identificados en la descripción del escenario, esto es, diez (10) localidades de Bogotá D.C. y doce (12) municipios del departamento de Cundinamarca. Sobre esta conurbación se disponen dos (2) corredores de movilidad utilizados por grupos armados ilegales para dinamizar economías ilegales, entre otras fuentes de financiación, a partir de la comisión de delitos de alto impacto que afectan las comunidades que se asientan en estos territorios”, se lee en la alerta emitida por la Defensoría.

Según la entidad, de las 22 localidades que hay en Bogotá, los subversivos estarían haciendo presencia en diez: Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén. Además, los municipios que también se ven perjudicados por el hecho son Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque y Chipaque.

En cuanto a los grupos que estarían operando en la zona, la Defensoría señaló a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como ‘Clan del Golfo’, el Frente de Guerra Urbano del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Además, harían presencia otros grupos ‘narcoparamilitares’ como las Águilas Negras, ‘Los Paisas’ y ‘Los Boyacos’.

Las autoridades aseguran que para sostenerse económicamente, los subversivos realizan préstamos de usura y otras acciones más preocupantes como narcotráfico y contrabando. Además, hay un riesgo porque entre los mismos grupos ilegales se presentan disputas por el control de los corredores de movilidad para determinar quién logra tener una mayor incidencia en el territorio y así aumentar su poder, no sólo local, sino nacional y hasta transnacional.

“La red criminal funcionaría como cuerpo colegiado ubicado en la base a los grupos armados de crimen organizado con presencia regional o local; en el medio, se encontrarían los grupos armados de crimen organizado de alcance nacional; en el último nivel se encontrarían las organizaciones de crimen transnacional y los grupos armados ilegales”, explicó la Defensoría.

La Defensoría señaló que para ejecutar con éxito estas acciones se recurre a la violencia, por lo que los habitantes de Bogotá y los 12 municipios mencionados están expuestos a ser extorsionados, amenazados, desaparecidos o asesinados. En la alerta también se indica que los subversivos podrían estar raptando niñas y mujeres para ser violentadas sexualmente o involucrarlas en redes de tráfico de personas.

Ante este panorama, que ya preocupa a las autoridades de la región, la Defensoría hizo varias recomendaciones para mitigar los riesgos. A la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá y de los otros municipios en riesgo se les ordenó crear un “plan un plan de trabajo específico para la respuesta rápida, institucional e interinstitucional”. El documento debe especificar estrategias y acciones coordinadas y focalizadas que funcionen para atacar las amenazas y vulnerabilidades identificadas hasta el momento.

Así mismo, la Defensoría pidió a la Fiscalía General de la Nación definir un mecanismo que permita impulsar las investigaciones relacionadas a la denuncia y las investigaciones por amenazas y ataques en contra de los Jueces Penales y Defensores Públicos.

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