Indepaz y Temblores envían informe a la CIDH: 17 días de protestas han dejado 2.110 casos de violencia policial en Colombia

Las organizaciones aseguran que hay violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia en el marco de las recientes protestas.

Bogotá, 30 de Abril de 2021. Fuertes enfrentamientos en la localidad de Suba. (Colprensa - Álvaro Tavera)
Bogotá, 30 de Abril de 2021. Fuertes enfrentamientos en la localidad de Suba. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Este viernes 14 de mayo, las organizaciones Indepaz y Temblores enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe en el que exponen hechos de violencia policial contrarios a la convención Americana de Derechos Humanos y se analizan las acciones y omisiones estatales que, en su conjunto y sistematicidad, generan un entorno propicio para la vulneración del derecho a la protesta.

“El 1 de mayo, el gobierno acudió a la figura de ‘asistencia militar’ para controlar centros urbanos. El 2 de mayo, el Presidente le solicitó al Congreso de la República retirar el proyecto de la Reforma Tributaria. Sin embargo, las manifestaciones han continuado, y se han sumado nuevos actores al paro, los transportadores que han protestado en varias vías del país, algunas principales”, relata el informe.

Desde el inicio del paro hasta la fecha, cuentan que diversas organizaciones de la sociedad civil han registrado hechos de violencia policial en diferentes lugares del país. Así mismo, alertan de que el número de víctimas de homicidio, lesiones personales, agresiones sexuales y desaparición forzada, entre otros, aumenta conforme pasan los días de movilización.

Con gran preocupación reportan que entre las las 6:00 a. m. del 28 de abril y las 11:30 p. m. del 12 de mayo del 2021, a nivel nacional ocurrieron, al menos, 2.110 casos de violencia por parte de la fuerza pública (sin contar casos de desapariciones), dentro de los cuales fue posible identificar:

362 víctimas de violencia física

39 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública

1055 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes

442 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas

30 víctimas de agresiones oculares

133 casos de disparos de arma de fuego

16 víctimas de violencia sexual

3 víctimas de violencia basada en género

Los reportes que llegan a Temblores ONG y a Indepaz muestran además patrones de actuación de la fuerza pública que se resumen de la siguiente manera:

- El uso indiscriminado de armas de fuego en contra de las y los manifestantes por parte de la fuerza pública

- El uso de disposiciones administrativas para legitimar la violencia estatal en contra de quienes ejercen sus derechos fundamentales

- La imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas arbitrariamente por parte de la Policía Nacional a cambio de su libertad

- El lanzamiento de gases lacrimógenos a las viviendas

- Allanamientos sin orden judicial

- El uso de armamentos en contra de los cuerpos y caras de las y los manifestantes para dispersar protestas pacíficas

- El uso de la figura del traslado por protección para conducir a las y los manifestantes a estaciones de policía en las cuales no hay presencia del Ministerio Público.

Temblores considera que el gobierno ha fallado en adelantar todas las acciones necesarias para formar a las fuerzas estatales que intervienen en manifestaciones públicas en temas de derechos humanos, democracia, Estado social de derecho y otras nociones constitucionales importantes, especialmente al Esmad, la Policía y la fuerza pública en general.

Con este informe buscan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomiende al Estado colombiano robustecer las instituciones que tienen a su cargo la investigación imparcial de presuntas violaciones a los DD.HH. y al DIH por parte de miembros de la fuerza pública, haciendo una expresa mención a la evaluación de las formas en que se investiga y juzga a los miembros de la fuerza pública a través de la jurisdicción penal militar.

También, la elaboración de protocolos que sean altamente difundidos hasta que sean de conocimiento público, sobre el uso de armas de letalidad reducida por parte de la fuerza pública, así como la prohibición total y/o suspensión de aquellas armas de letalidad reducida que han sido usadas para torturar y en homicidios presuntamente perpetrados por miembros de la fuerza pública.

Aquí puede leer el informe completo:

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