Cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola se suman al paro nacional este sábado en Cúcuta

16 días lleva el paro nacional que ha llevado a miles de personas a las calles y que, hasta el momento, ha dejado un saldo de poco más de 40 personas muertas, presuntamente por abusos policiales. El gremio de trabajadores, los profesores, estudiantes y otros sectores lideran las protestas, sin embargo, este sábado se unirá un gremio adicional: llegarán a Cúcuta cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola.

La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) estará en la capital de Norte de Santander para marchar en contra del Decreto 380 de 2021, expedido por el Gobierno nacional como requisito para reanudar la aspersión aérea con glifosato en el país, con el objetivo de combatir los cultivos ilegales de hoja de coca. Además, reclaman que se cumplan los Acuerdos de Paz. En este documento se habla de que en el caso de estos cultivos, se debe implementar la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y así brindar alternativas a los campesinos.

W Radio recogió la voz de Wilder Mora, presidente de COCCAM quien afirmó que este sábado saldrán hacia Cúcuta, “es pacífica para enviarle un mensaje al Gobierno y al pueblo que no generaremos agresiones, se ha convocado para que nos traslademos en los próximos días”, explicó. Además anunciaron que el Catatumbo se une en rechazo “a este mal Gobierno” y al paro nacional.

En sus redes sociales los cultivadores explican que la erradicación forzosa a través de la fumigación no es una alternativa positiva porque “pone en riesgo la salud de la población expuesta al químico, entre ellos, el incremento de probabilidades de desarrollar cáncer”, además de contagiar los cultivos de pancoger (frijol, arroz, maíz, etc) sembrados cerca a la hoja de coca.

Agregan que podría contaminar las fuentes hídricas naturales y que provoca una reincidencia con una probabilidad del 35%, mientras que “con sustitución voluntaria esas probabilidades caen al 0.5%”, afirman.

Recordaron que durante el gobierno de Juan Manuel Santos 17 departamentos firmaron acuerdos colectivos de sustitución, pero que en dicho periodo no fueron valorados, sin embargo, en el de Iván Duque “han sido perseguidos, estigmatizados y desbaratados”. Señalaron que las familias han presentado su voluntad de acogerse al programa de sustitución pero que de eso solo han recibido revictimización por parte de la fuerza pública.

En dicho documento le solicitaron a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a otras instituciones que “presten toda su gestión para que las actuaciones del Estado colombiano se apeguen a las normal internas y externas que se han comprometido, así como a acompañar y realizar seguimientos a estos hechos que ponen en riesgo la vida e integridad de las comunidades, los territorios y sus dirigentes sociales y comunales”, concluyeron.

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