“No quiere decir que la Policía sea responsable de esas muertes”: inspector general de la institución sobre cifras de la Defensoría

El general Jorge Luis Ramírez Aragón aseguró que lo que más interesa a la Policía Nacional es el esclarecimiento de quienes perdieron la vida durante el paro nacional.

Imagen de archivo. General Jorge Luis Ramírez Aragón, Inspector General de la Policía de la Policía Nacional. Colprensa
Imagen de archivo. General Jorge Luis Ramírez Aragón, Inspector General de la Policía de la Policía Nacional. Colprensa

Desde el pasado 28 de abril, cuando comenzó el paro nacional en Colombia, y hasta este 5 de mayo, la Defensoría del Pueblo documentó la muerte de 24 colombianos, 11 de ellos en intervenciones ejecutadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía. Por el abuso de la fuerza pública, la ONU y la Unión Europea llamaron la atención el 4 de mayo al presidente Iván Duque.

Pues bien, acerca de los abusos de algunos uniformados contra la población civil, captados por la cámaras de la ciudadanía y de medios de comunicación, y compartidos en redes sociales, el inspector General de la Policía Nacional, general Jorge Ramírez Aragón, se pronunció.

<i>“Los 11 casos a los que hace referencia la entidad obedecen a que en esos lugares en los que fueron reportados los fallecimientos había una intervención de la Policía, pero eso no quiere decir que sea la Policía la responsable de esas muertes</i>”, afirmó el uniformado.

Ramírez Aragón también manifestó que, “la Policía Nacional es la más interesada en que se aclaren todas y cada una de las muertes reportadas en los últimos días, porque nos duele la muerte de cada colombiano”. Según él, el esclarecimiento de los hechos es una prioridad para la institución.

Con respecto a las investigaciones que se adelantan, el general informó que las autoridades competentes trabajan en ellas. “Como lo hemos dicho antes, la Fiscalía tiene siete procesos por homicidio y la Procuraduría, asumiendo como poder preferente, ocho casos de las 33 investigaciones abiertas”, precisó.

Los siete procesos de investigación que adelanta la Fiscalía fueron anunciados el pasado 2 de mayo, cuando este ente hizo el primer balance de las manifestaciones:

<i>“Cinco de los casos, entre ellos el de un menor de edad, ocurrieron en Cali (Valle del Cauca</i><i><b>)</b></i><i>; el del capitán de la Policía Jesús Alberto Solano, en Soacha (Cundinamarca) y otro, en Ibagué (Tolima)”.</i>

En Cali, la ciudad de Colombia donde más confrontamiento entre la fuerza pública y la población civil se ha desarrollado —y dónde más abuso policial se ha denunciado en redes— la Fiscalía asignó dos fiscales para los homicidios, uno para las agresiones contras servidores públicos y 17 para atender en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) denuncias relacionadas con daño al bien ajeno y hurtos.

Entretanto, en Bogotá, donde el pasado 4 de mayo se denunció tanto abuso policial como violencia en contra de los uniformados de esta institución, el ente investigador instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) con un equipo de fiscales para determinar si los homicidios que se presentan en este período están relacionados o no con las manifestaciones.

Manifestantes marchan por las calles durante una nueva jornada de protestas por un nuevo "paro nacional" convocado por los sindicatos y organizaciones sociales, que desde el pasado miércoles movilizan a miles de personas en todo el país, hoy en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Manifestantes marchan por las calles durante una nueva jornada de protestas por un nuevo "paro nacional" convocado por los sindicatos y organizaciones sociales, que desde el pasado miércoles movilizan a miles de personas en todo el país, hoy en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Este miércoles 5 de mayo, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía también informó que 47 de las 89 personas reportadas como desaparecidas por la Defensoría del Pueblo fueron ubicadas.

“Cuatro de ellas fueron capturadas como presuntas responsables de actos de vandalismo y están en proceso de judicialización”, explicó la Dijín.

Hoy, el presidente de la República también anunció que en el marco de una “estrategia conjunta contra el vandalismo a nivel nacional”, se ofrecen $ 10 millones para quienes colabores con la identificación de vándalos en las protestas.

Hemos definido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos que se han presentado en los últimos días contra la infraestructura pública. Y se publicará, por parte de la Policía Nacional, el cartel de los más buscados por estos delitos, en distintas ciudades”, señaló el jefe de Estado.

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