Duque emitió un mensaje de urgencia para acelerar la reforma al Código Disciplinario que amplía las capacidades de la Procuraduría

De aprobarse el proyecto de ley en los tres debates a los que obliga el trámite de urgencia, el Ministerio Público finalmente tendría facultades para investigar y juzgar a servidores públicos elegidos por elección popular.

Sede de la Procuraduría General de la Nación. (Colprensa-Sergio Acero)
Sede de la Procuraduría General de la Nación. (Colprensa-Sergio Acero)

Todo parece indicar que la reforma tributaria, o ‘Transformación Social Sostenible’, no es la única prioridad del Gobierno nacional por estos días. También lo sería, el extender las facultades de la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello. Al menos así quedó demostrado tras el más reciente acto del presidente Iván Duque.

Según se conoció, el mandatario colombiano envió el pasado 9 de abril una carta con mensaje de trámite de urgencia en la que le solicita a la Mesa Directiva del Congreso que le de trámite al proyecto que reforma el Código General Disciplinario. Esta busca, principalmente, darle funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación. En otras palabras, abrir la puerta para que esa institución pueda investigar y juzgar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular.

Dicha jugada es la respuesta del Gobierno nacional a las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH tras el caso que enfrentó al hoy senador Gustavo Petro con el Estado colombiano, luego de la destitución del primero cuando era alcalde de Bogotá, durante la procuraduría de Alejandro Ordoñez.

En ese momento la CIDH falló a favor del jefe de Colombia Humana al señalar que el Ministerio Público no tenía, y nunca ha tenido, la potestad para decidir sobre los derechos de quienes ocupan un cargo público de elección popular. Es decir, esa entidad nunca ha tenido facultades para destituir e inhabilitar alcaldes y gobernadores, por mencionar solo dos ejemplos.

Para combatirlo se han presentado ya dos proyectos: el primero a mediados de enero de este año por el procurador Fernando Carrillo, justo antes de abandonar el cargo; y el segundo, propuesto a los pocos días por la recién posesionada procuradora Cabello, que antes fungía como ministra de Justicia del Gobierno Duque.

Si bien en ambos casos se le da respuesta a las sugerencias del tribunal interamericano, el segundo va más allá, pues además de pedir la ampliación de las capacidades jurisdiccionales de su dependencia hacia los funcionarios elegidos por elecciones populares, propone asignar funcionarios diferentes en cada fase de investigación disciplinar y crear una sala especial para la doble instancia.

Así lo explica la misiva de Duque, en la que se puede leer que: “El proyecto de ley es una respuesta del Estado colombiano a los requerimientos de la Corte Interamericana de DD. HH. (CIDH), en el que se propone, sin desfigurar su tradición institucional, el reconocimiento de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría para investigar y juzgar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular; garantizar la distinción entre la etapa de instrucción o investigación; y el juzgamiento en el proceso disciplinario; y finalmente garantizar la doble instancia y conformidad”.

Ahora bien, el carácter de emergencia que le dio el mandatario a su solicitud tiene el único objetivo de acelerar el proceso de aprobación de la reforma. Vale recordar que, al dárselo está obligando a unificar las conversaciones en las comisiones primeras tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de la República, que usualmente deberían discutir el proyecto por separado y en ese orden. Con ello, la discusión y posible aprobación se limita a sólo tres debates.

Como recuerda La Silla Vacía, la misma herramienta fue usada en repetidas ocasiones por el Gobierno Santos, que logró darle trámite a proyectos de ley en máximos de 20 días.

De la misma carta se puede inferir que la urgencia de Duque y la procuradora Cabello tiene que ver con el hecho de que la reforma se aplicaría sobre el Código Disciplinario aprobado mediante la ley 1.952 de 2019 y que entra en vigencia a partir del 1 de julio de 2021. No obstante, La Silla Vacía tampoco dejó de señalar que la propuesta llega justo a la par que todos los actores políticos comienzan a calentar motores para las contiendas electorales de 2022.

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