Demandan decreto que establece que solo el Consejo de Estado puede estudiar tutelas contra Presidencia

El pasado 6 de abril, el Ministerio de Justicia, encabezado por Wilson Ruiz Orejuela, firmó el decreto 333, que retira la competencia a los juzgados regionales con respecto a las tutelas contra actuaciones del presidente Iván Duque en materia de seguridad nacional y erradicación de cultivos ilícitos. De ahora en adelante, estas tutelas solo podrán ser estudiadas por el Consejo de Estado.

El texto generó polémica por la decisión del Gobierno nacional de emitir solo a un tribunal ese tipo de mecanismos ciudadanos. Tanto así, que este viernes el representante a la Cámara, David Racero, radicó precisamente ante el Consejo de Estado una demanda contra ese decreto.

“El decreto demandado, vulnera la esencia de la tutela al limitar la presentación de tutelas en contra de los asuntos ya descritos a un solo tribunal, esto es el Consejo de Estado. Lo anterior, porque el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 otorgan competencia para conocer de la acción de tutela a todos los jueces de la República a prevención, pero el acto demandado, modifica reglas de competencia y les sustrae de ésta a la mayoría de jueces de la República por razones arbitrarias, y por ello, es evidente que el Presidente con este Decreto usurpa las facultades propias del legislador, que es quien tiene competencia para legislar sobre competencias judiciales y sobre derechos fundamentales”, expuso Racero.

Así mismo, argumentó que el decreto no busca desconcentrar la justicia, sino concentrar la competencia de ciertos asuntos en un solo tribunal y con ello vulnera el artículo 228 de la Constitución Política. Además, “vulnera el derecho de los ciudadanos a acceder a la administración de justicia en condiciones de igualdad, pues crea una relación exclusivamente virtual. Las distancias físicas de la capital -sede única del Consejo de Estado- con el resto de Departamentos, no dejarían otra alternativa”.

El legislador además recordó que, algunas tutelas interpuestas por ciudadanos han frenado procesos que afectan el ambiente y han limitado al Gobierno nacional en materia de seguridad por las malas decisiones que se han tomado desde la Presidencia de la República.

“Esto se comprueba con la declaración del ministro de Justicia Ruíz Orejuela, quien en una entrevista realizada el día 7 de abril de 2021, al explicar en la W RADIO al periodista Julio Sánchez Cristo, los ‘beneficios’ del decreto, señaló que con este se buscaban ‘más garantías para evitar muchísimos atropellos’ e indicó que algunos jueces eran corruptos”, explicó.

Wilson Ruiz le dijo además a El Espectador que, Duque al ser jefe de Gobierno debe tener “a su cargo, entre otras obligaciones, la conservación del orden público en todo el territorio nacional. Para eso resulta importante definir reglas de reparto que refuercen la desconcentración de la administración de justicia, preserven la jerarquía funcional, y garanticen la unificación jurisprudencial y el interés general”.

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